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Como en su momento pretendieron hacerlo con las inundaciones en la ciudad de La Plata, a tal punto que el propio Aníbal Fernández criticó al campo que, “con la siembra directa”, provoca las inundaciones en las ciudades, nuevamente el kirchnerismo residual, esta vez de la mano de una diputada entrerriana, pretende “hacer política” con la desgracia de las provincias que están en emergencia. El tema es que existe la Ley 26.509, sancionada y promulgada en agosto de 2009, cuyo sistema de financiamiento a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda), está absolutamente obsoleto y nunca se usó en la realidad.
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Mediáticamente la Diputada Nacional de la provincia de Entre Ríos por el Frente Para la Victoria, Carolina Gaillard, Gaillard cuestionó que en la reunión de Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, el interbloque del frente Cambiemos no acompañara el proyecto que declara la Emergencia Hídrica, Sanitaria, Social, Económica, Vial y Agropecuaria de las provincias afectadas por las lluvias y las inundaciones por el plazo de 180 días.

 

Sostenía que, “lamentamos que ante esta situación de extrema necesidad que viven nuestras provincias producto del temporal y las intensas lluvias, el gobierno de Mauricio Macri demuestre en el Congreso que no le preocupan los damnificados”, expresó la entrerriana, que preside la Comisión.

 

Obviamente el proyecto pide al Poder Ejecutivo Nacional que asista con personal profesional y partidas presupuestarias para afrontar las acciones de asistencia a los damnificados y la reconstrucción de las economías e infraestructuras afectadas.

 Y también propone la exención de tasas e impuestos a los damnificados, el aumento del 100 %, durante 90 días, del pago de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal, de la Prestación por Desempleo, de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y de la Asignación por Embarazo para Protección Social; y de la Prestación PROGRESAR.

 

Sin embargo no recordó o posiblemente no quiso hacerlo que existe desde 2009, aprobado durante el primer gobierno de Cristina Fernández una Ley, la 26.509 que, créase el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

 

El objetivo de esta Ley es prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.

 

A su vez, en el Título III, Artículo 16, se establece que el financiamiento del sistema, creando el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La administración de dicho Fondo estará a cargo del Ministerio de Producción.

 


Sin embargo, durante la “década ganada”, ese fondo fue desapareciendo lentamente por la inflación que se sucedió posteriormente a su creación. Carolina Vera, co-coordinadora de la Tercera Comunicación de la Argentina a la Convención sobre Cambio Climático, durante un foro organizado en 2015 por el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sostenía que, “en agosto de 2009 comenzó a regir la Ley de Emergencia Agropecuaria (26.509), por medio de la cual se estableció un Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda) de 500 millones de pesos anuales. Por entonces esa cifra era equivalente a 130 millones de dólares”.

 

La norma aprobada por el Congreso determinaba que los recursos no utilizados del Foneda quedaban afectados al ejercicio siguiente. Pero un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eliminó esa posibilidad para establecer un fondo anual fijo de 500 millones de pesos.

 

Esos 500 millones de pesos actualmente equivalen a 55 millones de dólares, una cifra que, considerando costo directo y cosecha, permitiría sembrar apenas unas 85.000 hectáreas de maíz, que es un área equivalente solo al 2% de la superficie nacional sembrada en 2014/15.

 

Como todo lo que ocurrió durante el gobierno del kirchnerismo, el último informe de gestión de los recursos del Foneda publicado por el Ministerio de Agricultura correspondiente al ejercicio 2013/14 y menciona ayudas solo por 155 millones de pesos, las cuales en su mayor parte destinaron a productores hortícolas del Gran La Plata (18.7% del total), frutícolas de Mendoza (12.9%), cañeros de Jujuy (12.9%) y “pequeños productores” de Santiago del Estero (10.4%).

 

El informe también indica que se destinaron 2,20 millones de pesos al Municipio de Villarino (Buenos Aires), “para la adquisición de rollos de alambre, varillas y otros materiales para la recomposición de los alambrados y la reparación de las máquinas viales dañadas por los incendios” ocurridos a fines de 2013.

 

O sea que, no solo nunca se usó verdaderamente ese Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, sino que además siempre, desde 2009 se lo subejecutó.

 

Entonces está más que claro que las afirmaciones del diputado nacional de Cambiemos Marcelo Monfort, respecto de la asistencia a inundados que entrerriana por el Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, de que, “se busca confundir a la población y sacar rédito político de una situación terrible para la provincia”, son ciertas.

 

“No es momento para ventajismos políticos”, afirmó Monfort al responder así declaraciones de su par, Carolina Gaillard, quien por ejemplo entre otras cosas, estuvo en Ecuador denunciando la detención de procesada por delitos contra la administración pública, Milagro Sala.

 

Además Monfort, ratificó que el kirchnerismo busca “confundir a la población y sacar rédito político de una situación que es terrible para nuestra provincia y toda la región”, porque mencionó que en la comisión fueron aprobados tres proyectos de resolución haciendo alusión a la situación que se vive en la provincia de Entre Ríos y todo el Litoral, uno de los cuales fue presentado por los diputados Monfort y Jorge D’Agostino (UCR – Cambiemos), pidiendo al Ejecutivo implementar las medidas que sean necesarias para atender las localidades del Norte de nuestra provincia, afectada por las inundaciones, a sabiendas que ya regía una declaración previa para el departamento Islas.

 

Marcó también que el Ministerio de Agroindustria mediante Resolución Nº 15/2016 ya declaró la Emergencia y Desastre Agropecuario en la provincia de Entre Ríos por el término de un año.

 

“Lo que se requiere, y para lo cual están trabajando los diputados de Cambiemos de Entre Ríos, es que en la provincia declare la emergencia agropecuaria, de modo que puedan ponerse en vigencia las medidas que contempla la Ley Nacional 26.509. De esa manera podría la Nación avanzar con la asistencia técnica y económica para las personas afectadas”, indicó el legislador radical.

 

“En este momento estamos todos trabajando en lograr las medidas necesarias para que quienes han perdido todo por esta situación tengan acceso a la ayuda por parte del Estado, no sólo en la coyuntura sino que tengan herramientas para recuperarse y ponerse nuevamente en actividad”, dijo.

 

“Están los organismos técnicos tratando de medir el impacto de la situación, quienes tenemos responsabilidad de legislar estamos haciéndolo con responsabilidad y seriedad. Y desde los gobiernos provincial y nacional se está atendiendo la emergencia como mejor se puede. No es momento para ventajismos políticos”, manifestó Monfort en un comunicado.

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    Vamos Para Adelante
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    Diorama - Revista de Cultura