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La iniciativa de los diputados provinciales María Eugenia Mancini y Héctor María López, con el acompañamiento de José Vassel, todos de Encuentro por Corrientes (ECO), de declarar la emergencia en todo el territorio provincial, por la situación climática imperante, tuvo media sanción, con modificaciones que enriquecieron el proyecto original. El Proyecto de Ley tiene ahora por objeto declarar el estado de emergencia pública por 180 días.
[FRASEDESTACADA1]

Entre los fundamentos del proyecto aprobado para declarar la Emergencia Pública en materias económica, financiera, comercial, social, sanitaria, energética, productiva y de seguridad vial, en virtud de los hechos de público y notorio conocimiento, se trata de dar la premura que el caso requiere, por lo que resulta necesario otorgar al Poder Ejecutivo las facultades necesarias para que, en el marco de las normas de contrataciones vigentes, se declare configurada la causal de urgencia habilitante para efectuar contrataciones directas, por un plazo estimado de 180 días, prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo.

 

En ese sentido se hace mención a la ley Nº 5571 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los bienes del Sector Público Provincial, donde se menciona que en su artículo 109: “No obstante lo expresado en el artículo 108 podrán contratarse: …3) directamente, con autorización del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado, ante alguna de las siguientes situaciones: …d) cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o casos fortuitos…”.

 

De manera análoga, prevé la ley Nº 3079 de Obras Públicas en su artículo 8 in fine, al igual que en su artículo 12, donde luego de expresar que “Todas las contrataciones que se realicen con sujeción a la presente Ley, deberán formalizarse mediante licitación pública”, expresa seguidamente que “Quedan exceptuados de la obligación de este acto y podrán hacerlo directamente o mediante licitación privada o concurso de precios, de acuerdo con las normas que establezca la reglamentación en los siguientes casos, debiéndose fundar en cada uno, la procedencia de la excepción: …c) cuando trabajos de urgencia reconocida, o circunstancias imprevistas demandaren la pronta ejecución que no permita esperar el resultado de la licitación pública, o se trate de aquellos que sean necesarios para satisfacción de servicios de orden social impostergable”.

 

La ley que se propone, tiende precisamente a tener por configuradas las razones de urgencia habilitante de la contratación directa, en el entendimiento de que los hechos descriptos supra así la configuran.

 


ANTECEDENTES

También se mencionan entre los fundamentos que ya existen antecedentes que dan cuenta de similar temperamento, merced a la consagración de la emergencia pública como causal de fuerza mayor, con aptitud para rescindir contrataciones vigentes. Así, sancionada por el Congreso Nacional la ley 23.696, a la que la Provincia de Corrientes se adhirió por Ley Nº 4.366, (sancionada el 29/9/1989, promulgada el 2/10/1989, y publicada en el Boletín Oficial el 5/10/1989); la Ley Nacional Nº 25.344, a la que la Provincia adhirió mediante Decreto Ley 106/00 de fecha 28/12/2000 (Boletín Oficial 29/12/2000), y su Fe de Erratas Decreto Ley 113 de fecha 23/01/2001 (Boletín Oficial 25/01/2001), artículo 3 y ss.; y la Ley Nº 6282 del 3 de julio de 2014 pasado, por la que se declara la emergencia pública por ciento ochenta días.

 

En definitiva, no se trata de crear un poder nuevo a favor del Poder Ejecutivo, sino autorizarlo a ejercer de manera enfática los poderes ya reconocidos por la Constitución y las Leyes, conforme ha sido destacado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

El derecho de emergencia se basa en que, cuando ocurre la situación de emergencia, se produce la subordinación de las reglas del derecho positivo –ordinarias y extraordinarias- a la necesidad fundamental de garantizar la subsistencia del Estado. Las facultades extraordinarias que los poderes políticos deben ejercer en situaciones de emergencia se ajustan plenamente a la Constitución Nacional, siempre y cuando no se alteren definitiva y persecutoriamente derechos constitucionales y dichas facultades se adecuen a las circunstancias económicas del momento.

 

En síntesis, la emergencia económica es asimilable a un estado de necesidad. Esto es así porque la emergencia económica puede ser vista como una grave situación que amenaza bienes jurídicamente protegidos de manera actual  o inminente, y no meramente conjetural, remota o posible.

 

El Estado debe tener como objetivo principal preservar el bienestar de los habitantes a quienes gobierna y, por tanto, su supervivencia es esencial para tal fin.

 

Similar ha sido el desarrollo ocurrido en Francia respecto de la “teoría de las circunstancias excepcionales”, donde en virtud de una jurisprudencia que se remonta a la primera guerra mundial -1914-, las reglas de derecho que se imponen a la administración frente a la ocurrencia de aquellas no son las mismas que en tiempo normal (Consejo de Estado Francés, “Héyriés”, 28 de junio 1918, citado por WEIL, Prosper- POUYAUD, Dominique y MONTEZANTI, Néstor Luis (traducción y anotaciones), EL DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Serie Docencia, 1ª Edición, Bahía Blanca, 2010, p. 120). Agregan los autores que “…según la fórmula del Consejo de Estado, <<en circunstancias excepcionales las autoridades administrativas pueden adoptar medidas exorbitantes de sus atribuciones normales con el objeto de proveer con extrema urgencia las necesidades del momento>>. Las reglas de competencia se suavizan; una vía de hecho deviene una <<simple>> ilegalidad; medidas normalmente ilegales pueden ser dictadas válidamente; un accionar habitualmente defectuoso no conlleva la responsabilidad de la administración. El principio de legalidad, sin embargo, no es dejado de lado: una legalidad de repuesto y de crisis sustituye a la normal. La teoría de las circunstancias excepcionales no constituye pues una <<laguna>> sino un simple <<correctivo>> de la legalidad (Laubadére)”.

 

No es casual que la Constitución de la Nación Argentina prevea como facultad excepcional del Presidente la de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia en el artículo 99 inciso 3º “…Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros..”.

 

La ley 3460 de Procedimientos Administrativos contempla dicha situación, al punto que en su artículo 9º expresa que: “La urgente necesidad que no admita dilación es fuente de competencia administrativa en forma excepcional y limitada a lo estrictamente necesario para superar la necesidad urgente que hizo nacer la competencia…”

 

Debe repararse asimismo que la Provincia de Corrientes ha adherido en su momento por ley 5.429 de fecha 15/5/2002, promulgada el 16/5/2002 (B.O. 21/5/2002), a los arts. 8º, 9º y 10º de la Ley Nacional 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, al igual que mediante Ley 5.795 (sancionada el 22/8/2007; promulgada el 13/9/2007; y publicada en B.O. del 25/9/2007).

 

Por otra parte, en el orden nacional, aún se encuentra vigente la Ley Nº 25.561, merced a diversas prórrogas, siendo la última la operada por art. 1º de la Ley Nº 26.896 (B.O. 22/10/2013) que la extiende hasta el 31 de diciembre de 2015, razón por la que el escenario nacional es de emergencia.

 

Por lo expuesto, lo que aquí se propone, tiende a poner en marcha potestades ya reconocidas por distintas normas legales, que se tornan operativas con mayor hondura y vigor a raíz de los hechos graves que afectan a grandes sectores económicos, sociales, comerciales, industriales, energéticos, productivos y sanitarios.

 

FACULTADES OTORGADAS AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

En el Artículo 1º, se declara el estado de Emergencia Pública en materia económica, financiera, comercial, social, sanitaria, energética, productiva y de seguridad vial por el plazo de ciento ochenta días, prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo, de mantenerse las circunstancias que motivan la presente, derivado de las intensas precipitaciones pluviales y a las crecientes excepcionales de los ríos Paraná, Uruguay y afluentes.

 

En tanto que en el Artículo 2º se faculta al Poder Ejecutivo a; a) eximir a los damnificados de derechos, tasas y demás tributos provinciales; b) destinar fondos para ayudas sociales, c) suspender por el período establecido en el artículo primero, los reclamos fiscales iniciados o a iniciarse.

 

Por su parte en el Artículo 3º se faculta al Poder Ejecutivo a destinar fondos para la reparación y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias.

 

En tanto que en el Artículo 4º el Poder Ejecutivo podrá brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas, especialmente para los pequeños y medianos productores y a otorgar aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva.

 

Posteriormente en el Artículo 5º queda facultado el Poder Ejecutivo, con las debidas fundamentaciones enmarcadas en la presente ley, a contratar directamente en los términos del artículo 109 – apartado 3) – inciso d) de la Ley Nº 5571 y del artículo 12 – inciso c) de la Ley Nº 3079, configurando las causas que motivan la declaración de emergencia, las probadas razones de urgencia, a fin de conjurar los daños ocasionados.

 

En el Artículo 6º, se establece que el Poder Ejecutivo a otorgar subsidios no reintegrables a los municipios afectados y en el Artículo 7º de la Ley que ya tiene media sanción el Poder Ejecutivo podrá crear un programa presupuestario específico afectados a la presente ley.

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