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Comenzó este miércoles 4, el Jury para juzgar el posible mal desempeño en sus funciones de la doctora Sandra Mabel Ifrán, hoy suspendida, como defensora de Pobres, Menores, Ausentes e Incapaces Paso de los Libres. Al momento de ser sancionada para que se sustancie el proceso, Ifrán se desempeñaba ya y desde septiembre de 2015, como asesora de Pobres y Menores, cargo por el cual había optado al desdoblarse las funciones hasta entonces concentradas de esa dependencia del Ministerio Público.
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En la primera jornada, que resultó a la postre intensiva, pasó a cuarto intermedio para este jueves a las 8.30 luego de 11 once horas de debate, dada la decisión de la acusada de hacer uso de su derecho de declarar y la cantidad de testigos previstos, el Jurado presidido por el doctor Alejandro Chaín, comenzó por postergar su decisorio sobre un incidente preliminar que hiciera la Defensa de Ifrán, asumida por los doctores Gustavo Javier Lugo Ramírez y Jorge Colichelli. El Jurado decidió, por unanimidad, resolver esta cuestión planteada hacia el final del proceso.

 

En su extensa declaración, Ifrán respondió uno por uno a los cargos que pesan en su contra, puntualmente por mal desempeño en el manejo y la organización de la Defensoría, inactividad en sus funciones y poca o nula actuación como Defensora de Pobres, Menores, Ausentes e Incapaces. Los calificó de “mentiras” generadas por algunos empleados.

 

Mediante el incidente, la Defensa buscó cuestionar la legitimidad del Fiscal General, doctor César Sotelo, para actuar como Defensor General, es decir como superior de la funcionaria acusada. A ese respecto, el doctor Sotelo rebatió dichos argumentos, fundamentando por qué él es el jefe del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar de la Provincia de Corrientes.

 

El primer acto fue, pues, el uso del derecho de declarar que hiciera la doctora Ifrán. Lo hizo por un lapso de casi dos horas y media y durante la misma alegó una sobrecarga de trabajo por una yuxtaposición de funciones como defensora y asesora y por ello la “imposibilidad material” de cumplir con las exigencias de dicho cargo.

 

En ese sentido, dijo que la última estadística que refrendó aun siendo funcionaria, antes de ser suspendida, la Defensoría tramitó “10.100 expedientes”. También expresó que tenía “poco personal” y sus secretarias relatoras tomaban “muchas licencias”.

 

Luego fue el turno de los testigos, todos empleados o ex empleados (pero aún judiciales) de esa dependencia de la Cuarta Circunscripción Judicial. De un total de cinco, dos ratificaron haber sufrido “malos tratos”, “hostigamiento” y “amenazas de sumarios” en forma permanente por parte de la doctora Ifrán.

 

Los otros, sin embargo, relativizaron esas acusaciones y uno de ellos dijo desconocer el supuesto “autoritarismo” de Ifrán. “No era un trato intolerable. No había anomalías”, dijo el siguiente.

 

Durante la deposición de los primeros también se expusieron otras supuestas irregularidades en la gestión judicial por las decisiones de la entonces defensora de Pobres, Menores, Ausentes e Incapaces.

 

El jurado estuvo integrado por los doctores Jorge Buompadre (Facultad de Derecho), Laura Vischi y Pedro Salvarredy (Cámara de Diputados), Gustavo Sánchez Mariño (Colegio de Magistrados) y Norah del Carmen Palmeyro (Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción) y Graciela Rodríguez (Cámara de Senadores).

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