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Una vez más, los legisladores del PJK han dado muestras visibles de “borocotización” política emitiendo un comunicado que no dice nada, que dice todo, o simplemente, “todo lo contrario” como decía el líder sindical, Saúl Ubaldini. Aparecen defendiendo a un condenado cuando en su momento, Cristina Kirchner no lo dejó asumir su banca por estar “procesado”.
[FRASEDESTACADA1]

Ocurre que el ex gobernador y ex intendente de Corrientes, Raúl Rolando Romero Feris, conocido como “Tato”, debe por decisión de la justicia provincial, cumplir los años de prisión que le restan por todas las causas en las que fue condenado.

 

Ello significa que a los años cumplidos de arresto sin condena, por lo que se le computa doble, se le deben sumar según el computo del Tribunal Oral Penal Nº 2; 7 años, 9 meses y dos días.

 

Sin embargo, parece que para los senadores y diputados provinciales del Partido Justicialista esa comunicación del órgano judicial, es de “honda preocupación institucional y republicana”.

 

El comunicado expresa que, “este proceder, atípico e inadecuado no hace más que pretender dar un tinte político al actuar de la Justicia, intentando amedrentar a uno de los Poderes del Estado”, sin embargo no llega a entenderse, que significado le dan a una comunicación entre estamentos de la justicia provincial, ya que el mismo está dirigido al Juzgado de Ejecución de Penas, para que se cumpla con el mandato judicial.

 

Los legisladores kirchneristas-peronistas de la provincia, dicen que les “preocupa este accionar ya que no queremos que nuestro Pueblo sea pasible de estas prácticas para nada democráticas y republicanas donde la celeridad de un proceso judicial depende de los hechos y momentos políticos que se suceden". (SIC).

 

Será que tienen el síndrome sostenido por el Jefe del Gabinete del Gobierno Nacional, Marcos Peña, de que no debe ser muy bonito ver desfilar a los funcionarios del gabinete que defendieron durante doce años, por los tribunales federales de Comodoro Py”.

 

Lo cierto es que la ir ahora en contra de la justicia, cuando pretende hacer cumplir una condena a un ciudadano que estando en ejercicio de la función pública, delinquió, como fue demostrado en todas las causas en la que se lo condenó, suena más a complicidad que a valorar el trabajo de la justicia.

 

Claro que nunca se les cayó un comunicado expresando su repudio por las causas contra el entonces vicepresidente Amado Boudou; las denuncias de corrupción contra Jaime, Schiavi o Julio De Vido y menos aún contra el accionar de jueces que miraban para otro lado en las causas por enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner, los sobreprecios en la obra pública y la discriminación política sufrida por la provincia durante doce años.
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