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Como estaba programado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, presentó este jueves 12, en el Salón Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNNE, el Programa Justicia 2020. Anunció los lineamientos del Programa que tiene por objetivo lograr una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente e independiente.
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En la oportunidad se hicieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Semhan y sus ministros Eduardo Panseri, Fernando Niz, Alejandro Chain y Luis Rey Vázquez,  el fiscal general de la Provincia, César Sotelo, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veiravé,  la rectora de la Facultad de Derecho, Verónica Torres de Breard, el ministro de Justicia de Corrientes, Jorge Quintana, el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, al igual que autoridades y representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

 

El programa Justicia 2020 incorpora el aspecto social en la administración del derecho e incluye medidas relacionadas con la prevención del delito, accesibilidad, inclusión de las minorías y las poblaciones vulnerables para construir un enfoque inclusivo e integral".

 

El Programa se  desarrollará en los próximos cuatro años y se divide en siete ejes temáticos. Además, se conformarán comisiones (una por cada tópico), donde representantes de la sociedad civil, los poderes Judicial y Legislativo y los ciudadanos –que se inscriban a través de la página web del Ministerio de Justicia– podrán debatir y aportar proyectos e iniciativas.

 

LOS EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS

Institucional: garantiza la efectiva independencia de la Justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, asegurando la autarquía funcional y financiera del Poder Judicial. Refuerza la lucha contra la corrupción, impulsando políticas activas en materia de ética pública y transparencia en la gestión y la despolitización de los mecanismos de selección, disciplina y remoción de los magistrados, incorporando procesos ágiles y transparentes.

 

Penal: promueve la investigación del narcotráfico y del crimen organizado a través de nuevas herramientas procesales y el diseño de una política criminal eficaz y procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que garanticen la sanción de los infractores.

 

Además, busca fortalecer el respeto de los requerimientos constitucionales y garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos de la víctima, la igualdad entre las partes y la realización del juicio oral en lo inmediato.

 

Civil: impulsa un nuevo procedimiento civil y comercial basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y transparencia; proyectos de justicia vecinal o de baja cuantía a nivel federal y provincial y la utilización del arbitraje para cuestiones patrimoniales.

 

Acceso a la Justicia: para una cobertura territorial amplia y equilibrada de acceso a la justicia en todo el país a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), en coordinación con los gobiernos locales y el fortalecimiento de los centros de asistencia y asesoramiento jurídico gratuito locales como la adopción de protocolos de atención a grupos vulnerables. Fomenta además, la aplicación eficaz de las salidas tempranas del proceso mediante conciliaciones, mediaciones y arbitrajes.

 

Derechos Humanos: garantiza la protección de los derechos de los pueblos originarios y grupos en situación de vulnerabilidad, y profundiza políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación, fomentando el diálogo y la cooperación internacional e intercultural y estableciendo mecanismos de coparticipación en materia de obligaciones internacionales.

 

Gestión: establece procesos judiciales más ágiles, priorizando para las causas simples un tratamiento más expeditivo que las diferencie de las más complejas. Impulsa el legajo digital, la gestión electrónica de casos y la comunicación electrónica.

 

Justicia y Comunidad: fortalecer la relación con la comunidad académica, los colegios profesionales y las instituciones de la sociedad civil, integrándolos en actores del proceso de reforma del sistema de justicia.

 

En ese sentido, promueve reformas en los programas de estudio de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas y avanza en la implementación, modernización y actualización de los códigos de ética profesional y judicial.

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    Vamos Para Adelante
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    Diorama - Revista de Cultura