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Los datos corresponden a un exhaustivo sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo masivo (INDECOM) durante los últimos cuarenta y cinco días, en el marco del debate de la Ley Antidespidos. Más del noventa por ciento de los empresarios del sector reconocen que si se aprueba la norma, deberán cesantear a la mayoría de los trabajadores empleados por fuera del régimen formal. Sin embargo, casi la totalidad de los encuestados durante las últimas 48 hs, se mostraron satisfechos con el paquete de medidas de incentivo anunciado por el Gobierno Nacional.
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Miguel Ángel Calvete, Presidente de la entidad de estadísticas, detalló que las conclusiones surgen como consecuencia del estudio que se llevó cabo sobre unas 1697 pequeñas y medianas empresas que emplean a unos 10 trabajadores.

 

El relevamiento se concretó a través de un trabajo de campo y de consultas telefónicas en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, e incluyó interrogantes tales como la cantidad de empleados, las condiciones laborales, el rubro registrado, el porcentaje de trabajo informal, si evaluaban despedir trabajadores y la expectativa reinante ante las nuevas medidas anunciadas por el Presidente Macri.

 

En ese sentido, aseguró que los resultados fueron por demás concluyentes: el 73 % de los encuestados (unos 1239 casos) reconoció que tiene un 28 % de su planta de trabajadores “en negro” o “precarizados” (un total de 3469 sobre 12390 empleados) y el 92 % de esos mismos empleadores (1140) señaló que si la Cámara de Diputados finalmente  sanciona la ley antidespidos, sin contemplar la crisis que atraviesan las pymes, reducirán casi por completo la nómina de los trabajadores no registrados, lo que arrojaría un total de  3192 despedidos”.

 

Ahora bien, Calvete destacó que la medición se tomó sobre el 1 % de las pymes industriales y de servicios radicadas en el país, con lo cual se considera que la variable estadística sería también válida e inamovible a nivel general. Por lo tanto, si se toma que existen unas 169700 pymes de ese tipo, y se reconoce que el 92 % (unas 156124 empresas) despediría a la totalidad del plantel informal, la suma total de los despidos llegaría a 437.147.

 

Calvete detalló que “el principal argumento que embanderaron los empresarios en sus respuestas es que si se sanciona la norma sin un anexo específico que beneficie la economía de las pymes, se verán obligados a desprenderse de los empleados que se encuentran contratados de manera irregular”.

 

A su vez, el Presidente de INDECOM, reconoció que otro estudio, elaborado hace algunos meses, determinó que “las pequeñas y medianas industrias generan el 73 % del trabajo formal del país”, pero también señaló que “el 88 % del empleo no registrado en Argentina tiene relación directa o indirecta con las pymes”. Por ello, consideró que “si se sanciona el cepo antidespidos, tal como lo aprobó el Senado, se estaría perjudicando aún más a aquellos trabajadores que ya estaban marginados del régimen formal”.

 

Por otra parte, el estudio reveló que el 93 % de los empresarios consultados durante las últimas horas, luego del anuncio del paquete de medidas de incentivo que propuso el Ejecutivo Nacional para las pymes, destacan la iniciativa y se mostraron satisfechos con ese primer avance”. En tanto, el 7 % restante, también destacó las medidas pero consideró que “no alcanzan para paliar los efectos de la crisis”.

 

Finalmente, Calvete aseguró que “todos los resultados obtenidos demuestran que la nueva ley antidespidos no es una buena salida”, porque agregó que “no se solucionaría para nada la crisis del empleo, dado que se garantizaría parcialmente la fuente laboral de los empleados formales en detrimento de aquellos que no lo son”.

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