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Con el megaproyecto que comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados, Mauricio Macri pretende plebiscitar su gobierno. Es un plebiscito raro. No se medirá en votos, sino en dólares. Macri quiere que el caudal de divisas que ingresen al blanqueo sea visto como una apuesta al éxito de su administración. Ya comenzaron los acertijos sobre el número mágico en que se cifraría ese triunfo: ¿25.000? ¿30.000 millones de dólares? ¿Cuánto necesitan los gobernadores, intendentes, sindicalistas y empresarios para impresionarse? Trivialidades.
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(www.lanacion.com.ar) Lo relevante es que el oficialismo apuesta a que, si ingresa una suma contundente y además, la inflación declina en los próximos meses, incrementará su poder. En otros términos, la evidencia de una victoria económica mejoraría el horizonte electoral y por lo tanto, disciplinaría a la oposición. Sobre todo al peronismo.

 

Detrás de la Ley que ingresó al Congreso hay otra jugada de poder: la reparación a los jubilados supone una expansión del gasto público que rondaría 1,2% del PBI. La Anses deberá pagar unos $ 75.000 millones más por año. Es, con el plan de obras públicas programado para el segundo semestre, un estímulo para salir de la recesión.

 

El objetivo es, desde este punto de vista, el mismo: exhibir una economía reactivada para cuando comience la campaña electoral. La estrategia alimentará a los censores ortodoxos de Macri y Alfonso Prat-Gay . Para reducir en 2017 el déficit fiscal a 3,3%, como había prometido, Hacienda deberá hacer un esfuerzo mucho más duro de lo previsto, en plena disputa por los votos.

 

Macri cuenta en su desafío con una ayuda del contexto. A partir de enero 48 países de la OCDE activarán un mecanismo de intercambio automático de información que inducirá al blanqueo. Fue el argumento inicial de los funcionarios que pensaron este jubileo: “No podemos dejar pasar la ventaja que nos ofrece el nuevo régimen financiero internacional”.

 

Antes de oficializar su proyecto, el Gobierno debió ajustar su frente interno. El martes los funcionarios de la Jefatura de Gabinete, con Mario Quintana a la cabeza, negociaron con Elisa Carrió dos capítulos del blanqueo. La diputada examina el articulado con la mente puesta en la campaña bonaerense del año próximo, y en su principal contradictora, Margarita Stolbizer.

 

Carrió consiguió excluir a quienes han sido funcionarios. La eliminación de esa prerrogativa había sido discutida el lunes con el presidente del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, en una reunión celebrada en las mismas oficinas, que encabezó Macri.

 

“Entiendo las razones técnicas, pero la política funciona de otro modo: vamos a opacar el mérito de la reforma jubilatoria con una discusión sobre los derechos de la clase política a blanquear sus fondos. Además, si el éxito de la operación dependiera de lo que pongan en juego quienes fueron funcionarios, este país debería ser clausurado”, arguyó Negri.

 

Quedó un cabo suelto: quienes tienen o tuvieron cargos municipales o provinciales, ¿también son desautorizados? La oposición utilizará esta pregunta para lastimar al ex ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien figura en los Panamá Papers con una cuenta en Suiza. Grindetti es, con Nicolás Caputo, uno de los amigos a los que Macri, según su declaración jurada, debió socorrer prestándoles plata.

 

Carrió no logró que se prohíba regularizar la plata negra de los contratistas del Estado. Esa limitación iba a tener nombre y apellido: Lázaro Báez y Cristóbal López. En la última versión del texto, quienes no estén procesados por evasión o lavado de dinero podrán formalizarse.

 

En los próximos días se sabrá si Carrió cerró la discusión. Ella puede llevar la controversia a la moratoria tributaria contenida en el proyecto. Sobre todo a la cláusula que prevé la extinción de sanciones penales para quienes salden sus compromisos. Una noticia inmejorable para quienes, como Báez o López, han sido los niños mimados de la AFIP de Ricardo Echegaray.

 

O como Patricio Farcuh, el dueño de OCA, a quien la agencia impositiva acaba de embargar las cuentas. Farcuh es el álter ego de Hugo Moyano en el negocio del correo privado. La amistad con Caputo le sirvió de poco. Bien Macri ahí.

 

La negociación del blanqueo desnuda una llamativa paradoja: el Presidente acordará más fácil con el PJ que con sus socios de Cambiemos. El proyecto inicial prevé penalidades que para muchos operadores del mercado son desalentadoras. Sobre todo el 10% de multa para más de $ 800.000.

 

En cambio, Miguel Pichetto presentará, con otros senadores del FPV, una iniciativa mucho más generosa para quienes escondieron sus ahorros. Pichetto cree que no hay que establecer sanción alguna y propone cambiar ese dinero por un bono en dólares que pague una tasa equivalente a la del Tesoro de los Estados Unidos.

 

Cuando se le pregunta por qué es menos restrictivo que el oficialismo, Pichetto esboza una sonrisa: “La Argentina tiene que aprovechar la oportunidad internacional. Pero la gente de Macri no se atreve. Son almas bellas que gobiernan con culpa”.

 

El jefe de los senadores peronistas tiene una ventaja frente a los legisladores de Cambiemos, sobre todo frente a Carrió: defendió los blanqueos de los Kirchner, que fueron de una permisividad extraordinaria. El primero, por ejemplo, fue diseñado por Fabián de Souza, socio de Cristóbal López y hoy sospechado de ser el testaferro del ex presidente en algunas empresas del zar del juego.

 

Durante los últimos 15 días Pichetto fue visitado por varios representantes de Cambiemos. Las conversaciones podrían tener una consecuencia: que los senadores oficialistas aprovechen el proyecto del PJ para flexibilizar el que les llegará desde Diputados. Por ejemplo, aprobando una reducción de las multas con dos tercios de los votos.

 

La colaboración de Pichetto no es gratuita. La Anses abrevará en los fondos del blanqueo. Y de allí saldrá un préstamo a tasa muy baja para las provincias. Es un pliegue del proyecto sobre el que el Gobierno prefiere no posar la lupa. Con “la plata de los abuelos” seguirá financiando el exorbitante déficit de muchas gobernaciones que no estarán obligadas a reforma alguna.

 

Los caudillos peronistas pretenden asegurarse las elecciones con el nuevo perdón fiscal. El ajuste, en todo caso, lo hace Macri. El Presidente parece resignado a que la gobernabilidad se consigue con dinero. Hasta a Francisco le envió un cheque que hizo las delicias del trotskismo. Anteayer La Izquierda Diario se burlaba de que a Bergoglio lo trataran como a un sindicalista.

 

Los expertos en finanzas comenzaron ayer a debatir el atractivo técnico del sinceramiento. Hay un reproche generalizado: la Comisión Nacional de Valores se demoró demasiado en fijar regulaciones que alienten la inversión. Por lo tanto, quienes se regularicen tendrán pocos instrumentos en los que volcar su dinero. Es el problema de autorizar un blanqueo en un país que carece de mercado de capitales.

 

Tampoco atraían mucho ayer los bonos que ofrece el Tesoro a quienes quieren quedar exceptuados de una multa. Son papeles de tasa baja, que no se pueden transferir durante dos o tres años. “Producen claustrofobia”, graficó un economista.

 

En cambio, otros aspectos del proyecto eran aplaudidos. Por ejemplo, que los que repatríen fondos declarados sean eximidos de pagar ganancias por las diferencias de cambio existentes entre el momento en que adquirieron los recursos y el momento en que los liquidan para realizar una inversión. Si no se les concediera ese derecho, estarían en desventaja con respecto a quienes atesoraban sus dólares en negro.

 

Las “almas bellas” de las que habló Pichetto lavarán la culpa del blanqueo con la reparación a los jubilados que ganaron juicios a la Anses. Debe reconocerse algo que no debería ser insólito: Macri decidió cumplir con las sentencias de la Corte. Los diputados de Cambiemos machacarán sobre este “mérito” durante el debate, frente a un kirchnerismo que ninguneó a “los abuelos” como si fueran “buitres”. Aun así, para algunos dirigentes peronistas la reparación se queda corta.

 

Sergio Massa, por ejemplo, propondrá una mejora del haber mínimo a quienes sólo cobran una jubilación. Desde el oficialismo le enrostrarán la irresponsabilidad de haber incorporado, cuando pasó por la Anses, a millones de beneficiarios que no habían hecho aporte alguno.

 

El actual titular de esa agencia, Emilio Basavilbaso, se ufana de que el nuevo proyecto prevé una asignación universal a la vejez que es el 80% de la jubilación mínima, “para no igualar a los que no aportaron con los que sí lo hicieron”.

 

En su afán por disimular el indulto a los evasores con un salariazo previsional, el Gobierno incluyó en un mismo texto un festival de reformas. Dos de ellas están sólo esbozadas. Macri pretende impulsarlas después de las elecciones del año próximo. Supone que, para entonces, tendrá un mayor control sobre el Congreso. La primera: una modificación integral del sistema tributario, que incluye la eliminación del impuesto al cheque y el establecimiento de otro a la herencia.

 

Esta última iniciativa fue motivo de debate en el gabinete. Algunos funcionarios consideran que puede desalentar el blanqueo. Otros piensan lo contrario: que para evitar ese tributo mucha gente se sincerará e implementará su sucesión por adelantado.

 

La otra gran reforma que está apenas insinuada tiene que ver con el régimen jubilatorio. La ley encarga al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la creación de una comisión que estudie un nuevo sistema previsional. La intención es fortalecer el financiamiento de la Anses, a través de dos mecanismos: favorecer el blanqueo de los trabajadores y elevar la edad jubilatoria. Al fin y al cabo, la Argentina no podrá eludir lo que se debate en el mundo.
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    Vamos Para Adelante
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    Diorama - Revista de Cultura