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La caída del jerarca kirchnerista José López, atrapado in fraganti buscando ocultar casi 9 millones de dólares en el monasterio de General Rodríguez, fue decisiva para avanzar con la ley del arrepentido de corrupción, que tras una negociación exprés obtuvo ayer dictamen en comisiones y hoy tendrá media sanción en la Cámara de Diputados. El impacto de la detención del ex funcionario K con 9 millones de dólares destrabó la resistencias que generaba el proyecto. Incluso el Frente Para la Victoria votará a favor.
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(www.clarin.com) El arrepentido de corrupción es un desafío para la clase política, ya que incorpora esta figura para los “delitos contra la administración pública” previstos en el Título XI del Código Penal. Pero las trabas que se mencionaron tanto tiempo en los pasillos frente a un proyecto de estas características no aparecerán en Diputados (habrá que ver qué pasa en el Senado), donde la norma será aprobada por abrumadora mayoría.

 

La votarán el oficialismo de Cambiemos y el Frente Renovador de Sergio Massa y sus aliados, pero también, entre otros, el peronismo disidente del Bloque Justicialista; el interbloque FAP de Margarita Stolbizer, los socialistas y Libres del Sur y la sorpresa, el conmocionado bloque del Frente para la Victoria, que confirmó a través de la diputada Diana Conti que acompañará en general tras haberse aceptado varias modificaciones que propusieron.

 

La sesión especial está convocada para las 11 y el comienzo se anticipa muy caliente, ya que Cambiemos llevará al recinto el proyecto de resolución del macrista Pablo Tonelli para, en el marco de la ley de fueros, habilitar el allanamiento que no pudo hacerse al diputado Julio de Vido en una causa por enriquecimiento ilícito. De Vido reapareció ayer en el Congreso, participó de la reunión del bloque del FpV donde dio algunas explicaciones y al irse, interceptado por TN, se desmarcó de López, dijo no saber “nada” de la corrupción y declaró estar “consternado”.

 

Además del arrepentido, Diputados votará otro proyecto que va de la mano en la lucha contra la corrupción, el de extinción de dominio que permite recuperar por el Estado dinero y bienes obtenidos de manera ilícita.

 

El dictamen de mayoría de la ley del arrepentido se discutió en las comisiones de Seguridad y de Legislación Penal que presiden los radicales Luis Petri y Gabriela Burgos. Igual que extinción de dominio, se avanzó por un acuerdo del oficialismo con el massismo. Después se sumaron otras bancadas.

 

La figura del arrepentido ya estaba contemplada para varios delitos, como la trata o el lavado de activos, caso este último al que se acogió como arrepentido el ex contador de Lázaro Báez, Leonardo Fariña. Pero el proyecto actual sistematiza y regula el arrepentido en una sola ley, para los delitos vinculados con tráfico de drogas; aterrorizar a la población; la corrupción de menores y promoción de la prostitución; el secuestro; la trata; la asociación ilícita; y los delitos económicos y financieros.

 

Y crea el arrepentido de corrupción, que en Brasil, por ejemplo, permitió avanzar con los dos grandes escándalos de corrupción, el “Mensalao” (el pago de sobornos a legisladores para aprobar leyes) y el “Petrolao”, una gigantesca red de corrupción pública y privada.

 

Los delitos de corrupción donde podrá haber arrepentido son la administración fraudulenta; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales (hacerse pagar contribuciones o dádivas); enriquecimiento ilícito; y prevaricato para el caso de jueces y funcionarios judiciales.

 

Consultado por la aplicación de la ley en casos actuales de corrupción, el radical Luis Petri, presidente de la comisión de Seguridad, afirmó que “es fundamental. Podrán acogerse al arrepentido incluso los imputados en delitos que hoy se investigan”.

 

El proyecto establece que el acuerdo con el colaborador o arrepentido “podrá realizarse antes del inicio de la causa en su contra, durante la sustanciación del proceso o, luego de la sentencia condenatoria, durante la ejecución de la pena”. El acuerdo debe hacerse por escrito con el fiscal, y ser homologado por el juez.

 

Entre los cambios que acordaron en el debate en comisiones, se quitó el beneficio de la eximición de penas: sólo podrá haber una reducción de un tercio de la mínima y la mitad de la pena máxima. Y se dejó fuera de la posibilidad de convertirse en arrepentidos a todos los funcionarios sujetos a juicio político en el presente o pasado: presidente y vice, ministros, miembros de la Corte Suprema.

 

Por pedido del kirchnerismo y de Libres del Sur, se excluyó el arrepentido para casos de lesa humanidad. El FpV, indicó Conti, logró incorporar penas para el “arrepentido falaz” pero lamentó que no sucediera lo mismo con el “instigador”, el que alienta a mentir para desviar las investigaciones, como sucedió en la causa AMIA.

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