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Una revisión preliminar realizada por el Gobierno Nacional en las áreas de recursos humanos de 23 ministerios y dependencias estatales reveló que el 49,7% del total de los empleados públicos despedidos en los primeros siete meses de la gestión actual eran “ñoquis”: no iban a trabajar o no cumplían su función. El dato, revelado por www.lanación.com.ar, surge de un punteo de casos al que accedió ese diario y que abarca sólo a una parte de todo el universo de despedidos.
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A la hora de justificar las razones por las que en lo que va del año echaron a 10.662 empleados públicos se encuentran “personas que cobraban un sueldo y no iban a trabajar”, “militancia soportada por el Estado” y “duplicación de tareas”.

 

De las alrededor de 5.300 bajas que se dieron por estas causas, las más significativas se produjeron en el Ministerio de Interior (1.342), Desarrollo Social (1.165), en Cultura (1.124), en Salud (837) y en Energía y Minería (702).

 

Dentro del grupo de personas que, según el Gobierno, cobraban un sueldo sin presentarse en su lugar de trabajo hay al menos 2.060 casos. Muchos de ellos corresponden al Senado de la Nación, donde la nueva gestión se encontró con que el ex vicepresidente Amado Boudou había pasado a planta permanente sin justificación aparente a 2.000 personas. “No existe espacio físico ni para mil empleados en la Cámara alta”, aclara el memo.

 

En un primer momento la actual vicepresidenta, Gabriela Michetti, había ordenado que se efectuaran 2.035 rescisiones, pero luego debió reconsiderar unos 615 casos, por lo que en total fueron 1.420 las bajas. En este grupo figuraba una persona que había sido contratada con identidad falsa (tras haber robado y adulterado un DNI) y un empleado que vivía en Australia.

 

El punteo ubica también en el grupo de los que no iban a trabajar a 30 empleados del Indec “que en los sistemas de presencia registraban un promedio de dos horas por día”. En el Ministerio de Justicia, en tanto, había 50 personas que vivían en otras provincias y nunca habían “fichado”. En la Secretaría de Comercio despidieron a 130 personas que habían sido contratadas por Guillermo Moreno y que “no desempeñaban tareas específicas”. Un número similar se dio en la entidad binacional Yacyretá.

 

Bajo el rango “militancia soportada por el Estado” el informe contabiliza alrededor de 1.600 despidos. Por esta causa desvincularon a 200 agentes del Instituto Malbrán que para el Gobierno, sólo “militaban en movimientos sociales”.

 

Tampoco renovaron 600 contratos en el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde muchos de los despedidos reclamaron que sus situaciones fueran revisadas e hicieron marchas y reclamos con la consigna de “No somos ñoquis”.

 

Por tareas políticas sin funciones específicas también despidieron a empleados de la Biblioteca Nacional donde, siempre según el informe elaborado por el gobierno de Cambiemos, Horacio González tenía contratadas a 240 personas para “realizar tareas de militancia política de la anterior gestión”.

 

En el Hospital Posadas, que en el último tramo del gobierno de Cristina estaba intervenido y bajo la órbita de Martín Sabbatella, consideraron que había 644 personas en una situación similar: no eran profesionales de la salud ni tenían tareas asignadas”, dice el informe.

 

La tercera causa de despido invocada por el macrismo es la “duplicación o ausencia de tareas”. Bajo este ítem el informe menciona 1.632 casos, aunque existieron más. Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicación Pública había 500 contratados y sólo tenían tres oficinas. En tanto, en  Hacienda y Finanzas despidieron a 97 personas que no realizaban tarea alguna.

 

Hubo otros casos puntuales de despidos por sospechas de corrupción, como sucedió, por ejemplo en Vialidad Nacional, donde se despidió a un ex socio de José López, que tenía un cargo público.

 

En el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos echaron a 35 empleados porque estaban “sin funciones asignadas”, mientras identificaron en otras dependencias a “10 telefonistas para un teléfono”, o a “10 personas con función de fotocopiado para una sola máquina” o  “30 empleados para hacer clipping de noticias”.

 

Las más de 10 mil desvinculaciones representarían el 5% del total de empleados en la administración nacional. Y según cálculos del Gobierno, permitirán a fin de año un ahorro en gasto público de unos $ 2.800 millones.

 

 

De las 10.921 personas que habían sido despedidas, el Poder Ejecutivo debió reincorporar a 259 tras revisar sus casos y reconocer que habían sido apartados sin justificación, tal como ellas alegaban. De este modo, en el Ministerio de Cultura recuperaron sus puestos 22 empleados; en el INDEC, 20; en el INADI, otros 13 y en Fabricaciones Militares unos cuatro.

 

 

Fuentes oficiales aseguraron a La Nación que la etapa de revisión de contratos está concluida en todos los organismos y que de ahora en más comenzaría un proceso de “jerarquización del empleo público”

 

El Ministerio de Modernización,  a cargo de Andrés Ibarra, determinó que el 90% de los contratos que no se renovaron había ingresado a la gestión durante los últimos tres años. “Lo que queremos es terminar con la precarización en el sector público y ya empezamos a trabajar con los gremios para mejorar la carrera de los empleados del Estado”, explicó a ese diario Ibarra.

 

Y explicó además que hay unos 12.000 empleados estatales que llevan más de 10 años firmando contratos temporarios y que este año por lo menos unos 2.500 pasarán a planta permanente.

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