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En torno al análisis parlamentario de la propuesta legislativa mediante la que se pretende avalar, a través de una ley, la cesión de jurisdicción ambiental para la creación del parque y reserva nacional Iberá, conocido públicamente como Proyecto Iberá, uno de los más prestigiosos abogados constitucionalistas de Corrientes, Mario Midón, certificó la legitimidad de la iniciativa.
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De esta manera, el reconocido abogado expresó su punto de vista acerca de la creación del parque nacional en los esteros del Iberá, en la zona delimitada alrededor de las 150.000 hectáreas que pertenecen al fallecido Douglas Tompkins y cuyos herederos desean hacer realidad su anhelo póstumo de donarlas al Estado nacional.

 

El expediente, impulsado por el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) del Senado provincial, Sergio Flinta, cuenta con media sanción de esa Cámara y, luego de su ingreso formal a Diputados, se la analiza ardua y pormenorizadamente en tres comisiones: Asuntos Constitucionales y Legislación General; Ecología y Ambiente; y Producción, Industria, Comercio y Turismo.

 

En una entrevista con el programa televisivo Horario central, que se emite de lunes a viernes a las 22 por Cablevisión, Midón fue consultado respecto de una hipotética anticonstitucionalidad de la creación de un parque nacional en la zona de los esteros, sobre lo cual negó enfáticamente: “No, de ninguna manera. Yo tengo presente, que allá por el 2006-2007, había un hecho muy común en Corrientes, que era la suposición que Tompkins era un enviado de los intereses estratégicos del Gobierno norteamericano que vino a comprar los terrenos que estaban en la zona del Iberá y, vaya uno a saber por qué mecanismo mágico, nos iba a sustraer el agua dulce, un elemento estratégico formidable”, reseñó.

 

“A la vuelta de los tiempos resultó ser que este señor con estas tierras que las adquirió legítimamente por una determinación voluntaria ha decidido donarlas al Estado argentino y donarlas a Corrientes, para que sean un Parque Nacional. Esta institución de los Parques Nacionales, que en la Argentina funcionan 33, es un llamado al turismo y a una apertura cultural y económica”, valoró Midón.

 

“En alguna época, antes de la reforma [constitucional provincial] del año 94, se discutían qué potestades tenían las provincias que le pedían a la Nación un territorio para un parque nacional. Después del 94 la discusión se dio por terminada, ya que (en el artículo 75º, inciso 31º) la Constitución nacional establece que en esos casos las Provincias mantienen su poder de policía, es decir, el poder de legislar por razones de salubridad, moralidad, seguridad y bienestar general; y mantienen también sus atribuciones tributarias de crear los impuestos que consideren apropiados para los fines de su mantenimiento. Pero también los municipios, porque es bien sabido que en derredor del Iberá hay varios municipios”, recordó.

 

“De modo que de mi perspectiva no debe haber ningún tipo de temores. Pero si alguno los tuviese, remitámonos a Mburucuyá, que es un Parque Nacional que funciona desde 2001 con casi 17 mil hectáreas y no conozco, o bien habría que consultarle a los lugareños, si hubo algún conflicto de jurisdicción con relación al deslinde de competencia entre las administraciones del Municipio o de la Provincia con el parque nacional”, ejemplificó.

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