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Hija de uno de los “patrones” del PJ, Carlos “El Gringo” Soria, de prematura muerte a manos de su esposa Susana Freydoz, María Emilia Soria, oriunda del Alto Valle de Río Negro, es diputada nacional desde 2013 y ahora, con el nuevo gobierno, a quien si bien no responsabilizó de la crisis del sector frutícola de su provincia, hizo escuchar su voz con un relato que deja muchos más claro-oscuros, que verdades incontrastables. El jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, fue sorprendido ingenuamente y no tuvo respuestas.
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Ocurre que esta crisis es de larga data y la corrupción con la obra pública posiblemente quitó dinero al sector sin que desde el gobierno provincial de Río Negro, se reclame. Algunos ahora aducen presiones, otros simplemente fueron beneficiados.

 

Sin embargo, por problemas estructurales para la cosecha y la venta externa, restringida desde el gobierno nacional de Cristina Kirchner, en febrero de 2015 se avizoraba una situación especialmente difícil en esa temporada, pero que venía siendo planteada por el sector desde muchos antes, porque la crisis ya existí al inicio de la “década ganada”.

 

Y así lo reflejaba en ese año el economista Joaquín Rodríguez en su análisis de la “Crisis en la demanda externa de frutas del Comahue” publicado por la revista Novedades Económicas del Ieral de la Fundación Mediterránea.

 

“Independientemente de los problemas estructurales que desde años acarrea, las perspectivas actuales son extremadamente negativas para el negocio por la evolución que se está dando en nuestros principales mercados de exportación de peras y manzanas”, explicaba. Pero Soria ya era diputada nacional hacía casi dos años y nunca miró hacia los productores.

 

Rodríguez señalaba también que, “hacia adentro aún no termina de cerrar una paritaria compleja, pero menos virulenta que otros años, entre el sindicato de los obreros y empacadores de la fruta (SOEFRNyN) y las empresas agrupadas en CAFI, cámara referente del sector empresarial”.

 

 “Como es esperable los argumentos gremiales recaen sobre todo en la pérdida continua de poder adquisitivo de sus salarios en pesos, dada la elevada inflación”, dijo. Y por su parte las empresas intentaban defender sus costos en dólares, pues el sector acarreaba ya entonces, problemas de competitividad externa de larga data.

 

Estaba dicho y demostrado que, “la falta de políticas públicas adecuadas (del gobierno nacional del kirchnerismo), no ha logrado siquiera encaminarlos hacia un sendero de superación. La disputa es natural, pero se debe insistir para que dañe lo menos posible la cadena de valor, fuente vital de empleos e ingresos”, sostenía, Pero María Emilia Soria, respondía al gobierno nacional y popular de Cristina Kirchner y Guillermo Moreno.

 



TAMPOCO SUPIERON DESDE EL GOBIERNO NACIONAL

Marcos Peña quedó sin reacción ante semejante sobreactuación de la diputada kirchnerista de Río Negro a tal punto que no recordó que en los primeros meses de este año, el Gobierno había acordado una asistencia de 200 millones de pesos, destinados a pequeños y medianos productores de Río Negro y Neuquén. Como tampoco recordó que se otorgaron subsidio de las tasas de créditos por 1.200 millones y mejoras en infraestructura, pero advirtió que el Presidente los recibiría.

 

Lo cierto es que Soria en su encendido discurso, no hizo ni una sola mención respecto de que el gobierno nacional, conjuntamente con las provincias de Río Negro y Neuquén, llevaron “medidas de apoyo” ante la crisis que vive el sector.

 

El secretario de Agricultura, Ricardo Negri expresaba durante los primeros meses de gestión del gobierno de Mauricio Macri que las medidas propuestas “tienen como objetivo, en el corto plazo, poner en funcionamiento al sector y que no se sigan perdiendo oportunidades”.

 

Y subrayaba que “la combinación de la baja de las retenciones, la unificación cambiaria, los reintegros por Puertos Patagónicos y la derogación de la disposición 1108/13 (normativa que impedía los trasbordos de las exportaciones argentinas a puertos de Uruguay) permite que el sector recupere un monto de aproximadamente 900 millones de pesos”.

 

También se existió la firma de un convenio entre Agroindustria y el Banco Nación para posibilitar el financiamiento de $600 millones a tasa subsidiada para el sector frutícola y otro monto similar que será aportado por la banca privada, que también contará con una contribución oficial.

 

Pero en este marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, si bien destacó la “predisposición que ha tenido el Gobierno por solucionar la situación del sector”, advirtió que las medidas “no son una solución definitiva”.

 

Posiblemente Soria esté enfrentada con el gobernador de su provincia, así como con el senador nacional Miguel Pichetto, a quien está pretendiendo involucrar en las denuncias de corrupción por obras con sobreprecio ejecutadas por Vialidad Nacional, durante el gobierno de Cristina Kirchner, De Vido y José López, pero sin embargo, debería pensar que hizo en estos más de dos años desde que asumió como diputada nacional, para recordar ahora, que los productores de fruta de su provincia están en crisis.

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