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Un ciudadano de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá solicitó al presidente del Concejo Deliberante que se abra una investigación sobre la manera en que se adjudicaron las obras. El denunciante considera que se abonó casi siete veces más el valor del hormigón.
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Según publica en su edición  de este lunes 12, www.diariolarepublica.com.ar, existe una nueva denuncia de supuesta corrupción en el municipio kirchnerista de Curuzú Cuatiá. Esta vez se trata de un pedido de un ciudadano al Concejo Deliberante de esa ciudad, para que se investigue lo que sería el pago de sobreprecios en la realización de 20 cuadras de pavimento.

 

La tierra del matrimonio legislativo Carlos Rubín, actual diputado nacional y su esposa, Alicia Locatelli, diputada provincial, ambos ex intendentes de esa localidad, vuelve al estar en el ojo de la tormenta con vinculaciones con el exministro de Planificación de la Nación Julio De Vido y su mano derecha y exsecretario de Obras Públicas, el bolsero José López, por haber pagado el metro cúbico de hormigón varias veces más que lo que se cotiza en el mercado.

 

Se trata de un pedido de Luis Alberto Grela al cuerpo colegiado, que oficia de contralor del Ejecutivo municipal, para que haga un pedido de informe respecto de la empresa a la que se otorgó la obra, la manera en que se realizó la licitación y por qué se terminó pagando más del doble de lo que costaba el pavimento de las calles Dean Funes y Chiclana, de la ciudad de Curuzú Cuatiá.

 

“Alguien debe explicar por qué el Estado tuvo que pagar $ 9.840,64 el metro cúbico de hormigón, cuando el corralón Mauri lo tenía a $ 1.700; en Goya se cotizaba a $1.600 y en Monte Caseros a $2.000”, dice la misiva enviada por Grela al presidente de Concejo, Juan Antonio Duarte.

 

Obviamente, estos precios son de febrero de 2015, año en que se concretó el otorgamiento de la obra a la empresa ICF Construcciones. Al día de hoy el metro cúbico de hormigón cotiza en $ 2.250, $ 7.590,64 menos de lo que pagó el Municipio hace un año y medio atrás. Según publicó el sitio www.iusnoticias.com.ar de allí se desprende la suposición del pago de sobreprecios, complementado a que el proceso licitatorio se encuentra envuelto en un manto de dudas, debido a que la convocatoria solo se hizo en el diario de línea editorial ultrakirchnerista Tiempo Argentino, medio impreso muy difícil de conseguir en Corrientes. Lo que buscan determinar es si la misma, estaría arreglada para que las 20 cuadras a pavimentar se la adjudiquen a la firma ICF Construcciones.

EL MANEJO K

Es otro caso de manejos extraños de los fondos y las formas en que se otorgaban las obras durante el kirchnerismo a los municipios que se encontraban alineados al proyecto “nacional&popular”.

 

El intendente Ernesto “Lalo” Domínguez, es quien debe responder y dar las explicaciones correspondiente por estas irregularidades que se habrían cometido durante su gestión a cargo del Ejecutivo curuzucuateño.

 

Semanas atrás, ese mismo diario había dado cuenta de que se está recabando información respecto de los fondos que se enviaron desde la administración central para las obras que se debían realizar en el complejo acuático termal, para el cual el Gobierno de la Nación envió $14 millones, pero los trabajos no se iniciaron.

 

El dinero habría llegado a las arcas municipales en 2015 y la licitación recién se realizó en julio de este año. Esto se suma a lo que ocurre en Perugorría, otra de las localidades del departamento Curuzú Cuatiá de corte ultrakirchnerista.

 

Allí Angelina Lesieux, intendenta de la localidad, enfrenta procesos judiciales por irregularidades en el manejo de los fondos públicos y también por obras fantasmas certificadas como concluidas por la cartera que conducía el ahora detenido exfuncionario K José López.

 

Justamente en este sentido, este martes a las 20, la intendente Lesieux, deberá presentarse a la interpelación aprobada por el Concejo Deliberante local. Asimismo, se halla imputada por el delito de peculado, causa iniciada por la Oficina Anticorrupción, a cargo de la macrista Laura Alonso.

 

Cabría consignar que en todos estas “gestiones” por obra pública con dinero del gobierno nacional de Cristina Kirchner, fueron realizados por el actual senador nacional, “Camau” Espínola, ahora en teoría, pertenenciente al Grupo Esmeralda, escisión del justicialismo y del kirchnerismo.

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