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Este miércoles 26 llegó tanto a la oficina del ministro Secretario General, Carlos Vignolo como al Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCor), ingresaron notas de intimación enviadas desde la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) por la Municipalidad de Corrientes. Con esto la comuna de Fabián Ríos viola el artículo Nº del Código Fiscal Municipal en vigencia, a través de la Ordenanza Nº 6223.

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Posiblemente desde la comuna capitalina, como antes pasó con la Dirección Municipal de Rentas, pretendan asegurar que “no tienen nada que ver con estas intimaciones”. Sin embargo, se sabe por información surgida desde el interior de ACOR, que la decisión fue dispuesta desde la Secretario de Gobierno de la Municipalidad.

 

Sin embargo, está claro en el artículo 7 del Código Fiscal Municipal que dice en el Título RECIPROCIDAD DE LAS EXENCIONES que, “QUEDAN exentas las dependencias o reparticiones centralizadas o descentralizadas del Estado Nacional, de los Estados Provinciales o de las Municipalidades con los siguientes requisitos:

1) que no vendan bienes o presten servicios a título oneroso y,

2) a condición de reciprocidad de beneficios entre tales estados y este Municipio respecto de los impuestos, tasas, contribuciones y tarifas de los que aquellos fueren organismos de aplicación o prestador del servicio, previa suscripción de convenios en los que se establezca la estimación de los montos respectivos, los objetos sobre los que recaerá, en su caso, y el plazo de vigencia de la exención”.

 

Con esto queda más que claro que el Municipio a través de su ente recaudador, viola la Ordenanza N° 6223, fechada el 6 de Noviembre de 2014, para ser puesta en vigencia en el 2015 y no habiendo sido ni modificada no derogada.

 

Igual texto ya figura en el Código Fiscal vigente en el 2014, mediante Ordenanza Nº 6011/13 y Ordenanza Nº 5868 que es precisamente el Código Fiscal de ese año, modificado luego por la Ordenanza en vigencia.

 

Pero además, en el Título IV correspondiente a DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES en el artículo 19º se establece que SON sujetos pasivos de las obligaciones fiscales, quienes por disposición del presente Código o de Ordenanzas Fiscales Especiales, están obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias ya sea en calidad de contribuyentes.

 

Se define a los Contribuyentes en el ART.-20º: SON contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho generador de la obligación tributaria prevista por éste Código, los siguientes:

a) Las personas de existencia visible.

b) Las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y entidades a las queel derecho privado reconoce la calidad de sujeto de derecho.

c) Las sociedades, asociaciones, entidades sin personería jurídica.

d) Las demás entidades que sin reunir las cualidades previstas anteriormente, existan de hecho con finalidades propias y gestión patrimonial, en relación a las personas que las constituyen.

e) Las sucesiones indivisas, cuando sean responsables de hechos que figuren en la materia imponible de los distintos gravámenes legislados por este Código.

 

En ningún momento se habla de organismos de los estados nacional, provincial o municipal, por lo que es una segunda exención tributaria, en este caso tanto por parte del Gobierno Provincial como por el IOSCOR.

 

La pregunta es; cual es el objetivo cierto de estas intimaciones que además, no siquiera tienen más datos que importes por una adrema que corresponde a la Casa de Gobierno y 71 autos, donde tampoco se discrimina dominios y tipo de vehículo; teniendo como fecha el 19 de octubre de 2016 y un concepto de “Tributos Municipales”.

 

Pero políticamente queda la duda, si este tipo de estrategias de intentar equiparar la millonaria deuda que el municipio mantiene con distintos organismos del Estado provincial, que si están reconocidos y no hay exenciones posibles y donde se encuadraría la deuda en retención indebida de fondos, ya que son los empleados municipales a quienes se les descuenta IOSCOR e IPS y esos dineros no son volcados a estos institutos sociales.

 

Una vez más, como cuando se pretendió cobrar a los vecinos, obras que no le costaron dinero al municipio y que terminó con la renuncia del entonces Director de Rentas municipal; posiblemente esta jugada riesgosa e ilegal, termine con la renuncia de algún funcionario comunal o de la Agencia de Recaudación. 

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