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El caso de las 40 viviendas que nunca se construyeron en la localidad de Perugorría, municipio manejado por el kirchnerismo, volvió a repercutir en una causa que investiga al detenido exsecretario de Obras Públicas José López, en un hecho involucra a la gestión de la intendente kirchnerista Angelina Lesieux y al gestor de los fondos, Carlos “Camau” Espínola.

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En medio de la relación entre esa Comuna y López, el que gestionaba los desembolsos de fondos federales era el senador Carlos “Camau” Espínola, actual precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria. Esto le permitía a Espínola decir que él gestionaba fondos para beneficiar a las comunas de Corrientes, las que iban a avanzar con obras públicas de la Nación, aunque, al menos en este caso, los trabajos nunca se concretaron.

 

“Más pruebas aportadas por la Oficina Anticorrupción (OA) complican a José López denunciado por el envío de $ 14 millones para un plan de viviendas que nunca se construyó en la provincia de Corrientes”, dice un informe publicado ayer por el diario Clarín. Concretamente, la oficina que dirige Laura Alonso insiste en denunciar que los fondos se rindieron como enviados a Perugorría, pero las obras nunca se realizaron.

 

Según Clarín, en esta oportunidad apuntan contra las cooperativas contratadas por el Municipio de Perugorría: doce de ellas comparten domicilio, facturaciones con absoluta informalidad y trabajos cobrados que no se realizaron. El paquete es parte la documentación incluida en la causa que investiga al exsecretario de Obras Públicas denunciado por más de $ 24 millones por manejos irregulares en diferentes obras públicas inconclusas.

 

El acuerdo 912/15, expediente N° 97837/15, habilitó el envío de $ 13.647.900 para levantar 40 viviendas en la localidad de Perugorría, donde viven 8.000 personas. Unos pocos cimientos, casas sin techos, muchas de ellas con los ladrillos a la vista y el pasto crecido en su interior, es la imagen repetida del barrio que prometió el exfuncionario kirchnerista detenido después de ser encontrado con casi USD 9 millones en el convento de General Rodríguez.

 

Según la Secretaría de López, las obras se concluyeron en un 100%, dato refutado por la diputada Margarita Stolbizer, quien presentó la denuncia en la fiscalía de Gerardo Pollicita. En el texto sostuvo que no se avanzó “ni en los cimientos de las viviendas; los intendentes kirchneristas recibieron casi la totalidad del dinero en adelanto y debían presentar rendiciones de cuentas”.

 

Ahora la OA aportó más pruebas a la causa que reflejan los manejos irregulares en los fondos públicos que se enviaron desde la exsecretaría de López. En primer lugar, indican que no existe correspondencia “entre las constancias documentales y la realidad”.

 

Pese a que el expediente de la exsecretaría de Obras Públicas indica la terminalidad de la construcción de las 40 viviendas, la auditoría realizada por la actual gestión determinó que “ninguna de las casas tiene techo, sólo un revoque interior, sólo dos con revoque exterior; dos no fueron iniciadas, 15 viviendas tienen la pared construida casi hasta el techo pero sin revoque”.

 

En este punto también señalaron que hubo una “sobrecertificación de obra”, ya que el avance financiero fue del 100%, pese a que “no se concluyeron las casas, el acto administrativo tuvo por finalidad permitir que se efectuaran los desembolsos a favor de la Municipalidad de Perugorría”, indica el escrito de la OA presentado ayer ante la Justicia.

 

El manejo de fondos por parte de la Municipalidad que favoreció López es uno de los aspectos sobre el que más pruebas se aportaron. La Cooperativa “Paso Tala LTD” emitió un factura dirigida al Municipio por $ 5.883.353 en noviembre de 2015, bajo el concepto de “certificado N° 1 de construcción de 40 viviendas a través del programa Techo Digno”, pese a que supuestamente ya estaban concluidas las casas.

 

Sobre esta factura N° 39 de la Cooperativa, la OA detectó que el domicilio de “Paso Tala” es “idéntico del domicilio de la sede de la misma Municipalidad, Colón 202” que le terminó pagando más de $ 5 millones. No solo eso, sino que en el listado de cooperativas otras doce figuran con el mismo domicilio.

 

Además, la persona que firma la factura, Hugo López, figuró, según la OA, como empleado de la Municipalidad a marzo de 2013. Era el responsable del servicio de red y conexión de agua potable. Solicitaron que se informe su relación actual con el Municipio al que le facturaba con su cooperativa.

 

Finalmente, respecto de esta factura, la OA considera que se trata de una “absoluta informalidad”  emitir un recibo de estas características por un “monto millonario”. Además, detectaron que la fecha del recibo y la acreditación de los fondos ocurrió el mismo día, “algo poco frecuente en este tipo de operación”, explicaron a Clarín.

 

Además, se acreditaron $ 5.883.353,67 cuando el monto depositado por la Secretaría de Viviendas fue un poco inferior, esto es $ 5.881.557,99, “lo que permitiría inferir una identidad entre la cuenta de la Municipalidad y la de la cooperativa”.

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    Vamos Para Adelante
    Aguas de Corrientes... Desde ahora podes Imprimí tu factura desde tu computadora
    Siempre respeta las señales viales
    Diorama - Revista de Cultura