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El Gobierno nacional desembolsará casi 2 mil millones de pesos para construir 2.340 viviendas en 2017. Esos fondos repercutirán en el presupuesto del Instituto de Vivienda de Corrientes (InViCo), que después de 2 años crecerá un 147 por ciento, según consta en la Ley de Presupuesto Nacional 2017.

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Las proyecciones del Gobierno provincial para el próximo año contemplan más de 2.600 millones para el Instituto de Viviendas de Corrientes Será la primera vez, después de una década, que el Gobierno nacional desembolse 1.800 millones directamente para el INVICO.

 

La buena sintonía entre el Gobierno nacional y el gobernador Ricardo Colombi comienza a dar sus frutos. Por primera vez después de 12 años de kirchnerismo, Corrientes recibirá fondos para la construcción de 2.340 casas.

 

Si se compara el presupuesto del INVICO desde 2005 el crecimiento está a la vista. El año pasado el Instituto de Vivienda presupuestó 902 millones de pesos, para reparaciones y escasas viviendas. En 2016, la cosa comenzó a cambiar muy lentamente ya que el presupuesto apenas creció 166.410.000 más en comparación al 2015.

 

Para el próximo año, los recursos que el FONAVI destinará a la provincia crecerán un 34 por ciento. Pero la verdadera diferencia surge de lo que el Ministerio de Economía desembolsará en 2017 para el INVICO.

 

Con el kirchnerismo los fondos aportados por el Ministerio de Economía nacional crecieron apenas un 9 por ciento de 2015 a 2016; es decir pasaron de 457 millones a 500 millones.

 

En el primer presupuesto del Gobierno de Macri, los fondos que el Ministerio de Economía destinará al INVICO crecerá más de 300%, ya que pasarán de 500 millones a 1.878 millones para construir más de 2 mil viviendas.

 

DÉFICIT HABITACIONAL

El pasado 1 de noviembre la ONG Techo presentó el relevamiento de 2016 en el Congreso de la Nación ante funcionarios del Gobierno Nacional, académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, referentes comunitarios y voluntarios.

 

El estudio refleja la situación irregular en la que se encuentran más de 10 mil familias capitalinas que habitan en asentamientos precarios, en situación de vulnerabilidad y en algunos casos desde hace varias décadas ya que la antigüedad de los asentamientos van desde tres décadas hasta los últimos registrados este año. 

 

“Estos números continúan mostrándonos que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país. Resolver la problemática de los asentamientos deberá ser prioridad en la agenda política de nuestro país si queremos ser una sociedad más justa y democrática”, manifestó el director general de la sede Corrientes-Chaco de Techo, Carlos Durán.

 

En cuanto a la situación del Gran Chaco, se registra una mayor cantidad de tomas irregulares ya que hay unos 166 asentamientos con 18.570 familias.

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