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Una nueva investigación en el fuero federal de la Justicia pone la lupa sobre la delegación de la obra social de los jubilados, el PAMI en Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza y Buenos Aires, por una posible estafa por un monto superior a 2.000 millones de pesos. Hay que recordar que los funcionarios de la Delegación PAMI en Corrientes, siempre respondieron a Camau Espínola.

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La Justicia Federal investiga una supuesta defraudación, que involucraría a médicos y dueños de farmacias, con medicamentos, recetas truchas y afiliados fallecidos. Estiman que la estafa alcanzaría a los 2.000 millones de pesos.

 

La investigación involucraría a médicos y dueños de farmacias no solo de Corrientes, sino también de Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza y Buenos Aires y esta maniobra defraudatoria involucraría a 130.000 afiliados fallecidos, mayoritariamente enfermos de diabetes, cuyos datos fueron usados por al menos un año para falsificar recetas que luego eran cambiadas por dinero que pagaba el PAMI.

 

Aseguran que se usaban recetas y troqueles truchos, además de los datos de afiliados fallecidos, por un monto que ronda los 2.000 millones de pesos. Por esta investigación, la justicia federal ya efectuó varios allanamientos.

 

DESDE 2010 A 2015

La supuesta defraudación contra la obra social de los jubilados se habría perpetrado desde 2010 hasta 2015, según manifiesta Sergio Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb), quien además explicó que la maniobra tiene extensión en todo el país, pero particularmente en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Formosa y Mendoza. Hay que recordar que los funcionarios de la Delegación PAMI en Corrientes, siempre respondieron a Camau Espínola.

 

“Tuvimos acceso a la investigación, que detectó que la estafa se realizaba principalmente con la insulina, las tiras reactivas y las lancetas que utilizan los pacientes que padecen diabetes”, dijo Peretta al diario Popular.

 

Entre las manifestaciones que hizo el profesional, la información da cuenta que en promedio cada caja de insulina costaría entre 300 y 800 pesos, en tanto que el precio de las tiras reactivas oscila entre 400 y 1.000 pesos y las lancetas cuestan otros 200 pesos.

 

“Con estos valores, cada paciente gasta por mes unos 1.200 pesos, que si los multiplicamos por 130.000, que es la cifra de afiliados fallecidos involucrados en la estafa y por los doce meses a lo largo de los cuales se extendió la maniobra, arribamos a la cifra de 1.872 millones de pesos”, estimó Peretta.

 

La Justicia ahora deberá investigar si entre los presuntos involucrados en la estafa al PAMI habría dueños de farmacias pero aclaró que no son profesionales farmacéuticos y podría si, haber médicos que firmaban las recetas falsas.

 

OTRA MANCHA PARA EL VELERISTA

Esta denuncia, que podría involucrar a funcionarios relacionados con Camau Espínola, se suma a las denuncias por obras públicas fantasmas pagadas por el Estado nacional y no concretadas en Perugorría, donde la intendenta Angelina Lesieux, una alfil del actual senador nacional, se encuentra imputada en la causa que se investiga por la supuesta defraudación de 25 millones de pesos.

 

Aquí la Justicia deberá determinar cuál fue el real destino de los fondos que giró la Nación a nombre del municipio que viene siendo gobernado por el kirchnerismo y sus aliados desde 2009.

 

Una de las líneas investigativas apuntaría a que el dinero habría tenido fines electoralistas, supuestamente para afrontar los gastos de las campaña 2013 y 2015.

 

Lo cierto es que una vez más Corrientes aparece en la ruta de las irregularidades que investiga la Justicia respecto del modus operandi con el que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner administraba los dineros públicos.

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    Diorama - Revista de Cultura