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Citan a funcionarios del Juzgado Federal a cargo de Carlos Soto Dávila por irregularidades. En las últimas horas, se allanaron oficinas para secuestrar computadoras donde se habrían asentado las mismas. A los empleados de Soto Dávila se los acusa de falsear la declaración de un testigo para devolver un automóvil importado que había sido incautado en el marco de una causa por lavado de dinero.

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De acuerdo a la medida dispuesta por la Fiscalía “se instruye sumario criminal prima facie en orden al delito de falsedad ideológica, cohecho, estafa procesal, en contra de Pablo Molina, Zacarías Issolio, Duylio Barboza Galeano, Noelia Agnello y Víctor Fernández”. Por ello, ya se determinó audiencias indagatorias en orden a los delitos mencionados los días miércoles y jueves.

 

Además, la Fiscalía solicitó la realización de una pericia informática sobre las CPUs asignadas a Molina, Zacarías Issolio y a la Mesa de Entradas para determinar últimos usuarios, fecha de creación y última modificación de los documentos y los archivos.

 

EL CASO

Aunque la denuncia no es en su contra, el juez federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quedó en el medio de una causa por falsear la declaración de un testigo para devolver un automóvil importado que había sido incautado en el marco de una causa por lavado de dinero. La denuncia penal fue presentada por los fiscales de Corrientes, Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.

 

La presentación de los fiscales también imputó a otras cinco personas por el mismo hecho: al secretario penal del Juzgado Federal, Pablo Molina; al sumariante Zacarías Issolio; al monotributista Víctor Manuel Fernández y a los abogados Duylio Barboza y Noelia Agnello.

 

Pablo Molina es el más comprometido en esta denuncia. Los fiscales consideran que tiene mucha influencia en los expedientes penales que lleva adelante el Juzgado de Soto Dávila, por lo que las miradas apuntan a sindicarlo como uno de los principales autores de las supuestas irregularidades.

 

El hecho concreto que denuncian Ferrini y Schaefer es que la declaración de un testigo, de apellido Gauto, fue presuntamente falseada para beneficiar, con la devolución de un auto Mercedes Benz, modelo Blue Efficiency, incautado en Misiones, a un procesado por lavado de activos.

 

Molina es según afirman en la justicia federal, la persona de mayor confianza del cuestionado juez.

 

El trámite para concretar esa devolución del auto se inició el 24 de junio pasado, cuando Fernández, a través de sus abogados Agnello y Barboza, solicitó al juez Soto Dávila que la Justicia le devolviera el vehículo, secuestrado en un allanamiento a la concesionaria RRVip, de Posadas y cuyo responsable era Roberto Rodríguez.

 

Rodríguez está hoy procesado por lavado de activos, presuntamente proveniente del narcotráfico. Pero ese vehículo figuraba inscripto en un registro de la propiedad automotor de la localidad misionera de Eldorado, a nombre del contador Fernando Manuel Gauto.

 

Por ello, el juez Soto Dávila, a pedido de la abogada Agnello, convocó a Gauto a Corrientes a declarar como testigo el pasado 12 de agosto. De las constancias del Juzgado Federal surge que Gauto declaró el 11 de agosto, que se presentó como “comerciante y comisionista en la compra-venta de autos” y que afirmó que el auto se lo había entregado a personas que le habían prestado plata.

 

Pero esa declaración no fue notificada al fiscal interviniente en el caso, que era Ferrini. Ante la “inusitada celeridad” que le imprimió el juez al trámite de testimoniales, el Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio de una investigación preliminar que dio con Gauto, quien negó haber estado en Corrientes el 11 de agosto.  Asimismo, rechazó “por falaz” la supuesta versión que le adjudicaron y que fue sellada por el juez Soto Dávila y el secretario Molina, con Issolio como sumariante del expediente.

 

Gauto denunció ante los fiscales que la firma aparecida en el expediente correntino no era suya, lo que fue corroborado por un perito de la Gendarmería que certificó que “las firmas obrantes no guardan relación grafo estructural” con su supuesto autor, según consta en el expediente, al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

 

Es decir, el testimonio de Gauto y el peritaje de las firmas confirmaron las sospechas de los fiscales: la declaración testimonial y la firma son truchas, según la denuncia.

 

Por su parte, Fernández, quien reclamaba la restitución del auto incautado, afirmó ante el juez que era propietario del Mercedes Benz y que permanecía en la concesionaria misionera porque pretendía venderlo.

 

En ese marco, los fiscales Ferrini y Schaefer denunciaron que hubo una “actuación conjunta en forma mancomunada y organizada de maniobras simuladas y ardiosas tendientes al recupero” del Mercedes Benz. Calificaron el caso como un “hecho grave”.

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    Vamos Para Adelante
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    Diorama - Revista de Cultura