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La Cámara de Senadores de la nación aprobó por amplia mayoría el proyecto consensuado entre el Gobierno nacional, los gobernadores, la CGT y la oposición parlamentaria, que recibió 56 a favor y dos en contra. El kirchnerismo más duro se abstuvo y ahora los Diputados sancionarían la ley este jueves 22. Con estas modificaciones se estima que a partir del año próximo unos 400 mil trabajadores dejarán de pagar este impuesto.

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Según publica www.parlamentario.com, el Senado cerró este miércoles 21 el primer capítulo del debate por la reforma del impuesto a las Ganancias, que fue aprobada con 56 votos a favor y apenas dos en contra y fue girada a la Cámara de Diputados, donde se espera una sanción veloz este jueves.

 

El oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa tras destrabar las negociaciones con la CGT, que dieron lugar al acuerdo con gobernadores y luego, con la oposición parlamentaria, que en la Cámara de Diputados le había propinado una fuerte derrota al Gobierno hace dos semanas.

 

El debate duró casi cuatro horas y hubo nada menos que 11 abstenciones, de los kirchneristas Marcelo Fuentes, Nancy González, Anabel Fernández Sagasti, María de los Àngeles Sacnun, Virginia García, Liliana Fellner, Ana Almirón, Hilda Aguirre, María Inés PIlatti Vergara y María Ester Labado.

 

También se abstuvieron los peronistas de San Luis Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, mientras que el senador puntano restante, Daniel Pérsico, votó en contra, junto al sanjuanino Ruperto Godoy.

 

La iniciativa que vio la luz quedó a medio camino entre aquel proyecto elaborado por el FpV-PJ y el Frente Renovador y la iniciativa original del Poder Ejecutivo, con un costo fiscal final estimado en casi 34 mil millones de pesos, 7 mil millones más a lo dispuesto en el Presupuesto 2017.

 

Dado que los gobernadores habían encendido luces de alarma por los efectos de la reforma en las finanzas provinciales, el Gobierno nacional aceptó incluir una cláusula de “garantía” de recursos vía una mayor distribución automática de los ATN.

 

Con la reforma, el impuesto a las Ganancias pasará a llamarse “a los Altos Ingresos” y tendrá nuevas escalas, alícuotas y deducciones, con un diferencial para los trabajadores patagónicos y un método de actualización automática que evitará caer en la voluntad del poder de turno.

 

Así, se eleva el mínimo no imponible a 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos –hoy el piso es de 30.000 y a 27.941 pesos brutos para solteros, que hoy tributan desde los 22.000. Como resultado, pagarán Ganancias casi 400.000 trabajadores menos.

 

La oposición no sólo consiguió subir considerablemente el MNI respecto a la intención original del Gobierno, sino que también logró que tributen sólo las jubilaciones de privilegio, es decir, aquellas que superan seis veces el haber mínimo (esto es, 33.500 pesos mensuales aproximadamente).

 

Como miembro informante, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) destacó el consenso alcanzado y admitió que durante el kirchnerismo “no” se modificaron las escalas en el impuesto, al tiempo que reprochó al presidente Mauricio Macri no haber cumplido su promesa de campaña de eliminar el tributo.

 

Por su parte, el radical Julio Cobos consideró que “hemos sabido encontrar una fuerte salida” y resaltó la “apertura” del Gobierno nacional, que convocó a distintos sectores para dialogar después de la presión ejercida por gobernadores y el bloque conducido por Miguel Pichetto.

 

El radical opinó además que “el sistema tributario argentino debe ser reformulado” para que “sea simple y fácil de controlar”.

 

A su turno, Guillermo Pereyra (MPN) enfatizó que “desde 2001” el mínimo no imponible solamente “sufrió ocho modificaciones” y “todas se hicieron por decreto”. Sobre la iniciativa, señaló: “No nos deja totalmente conformes pero se ha dado un paso importantísimo”. El senador además valoró el “diálogo” para discutir el tema.

 

En contra de la propuesta, el sanjuanino Godoy consideró que el Senado “debería haber respetado la sanción de Diputados”. Sostuvo que “en nombre de la gobernabilidad” se ha llegado a este acuerdo, pero que “esta gobernabilidad es la que ha generado endeudamiento, presión a los gobernadores, pobreza”.

 

Por el GEN, el senador Jaime Linares enfatizó en la “necesidad de una reforma tributaria profunda” que “brinde el financiamiento equilibrado del nuevo Estado que hay que reconstruir y que hoy todavía no están las pautas generales”. Se manifestó a favor del proyecto, aunque advirtió que “es un parche más en el sistema del impuesto a las Ganancias”.

 

“Celebro este acuerdo no por los que lo acordaron, sino por los que van a cobrar unos pesos más y no van a quedar esperando a la promesa insegura de que se trate acá una reforma tributaria”, expresó por su parte Fernando “Pino” Solanas, quien votó a favor de un proyecto por primera vez en mucho tiempo.

 

El senador de Proyecto Sur cuestionó que “es mentira que no hay recursos” y se preguntó, molesto, “por qué diablos la dirigencia argentina no se planta frente un sector que hace contrabando agravado: la minería”.

 

Con elogios a la iniciativa, Dalmacio Mera (PJ-FpV) reconoció estar “muy satisfecho”. Apuntó que en el proyecto que había sido aprobado por la Cámara baja “nadie nos sabía decir quién lo iba a pagar, pero sí en esta Casa sabíamos que nuestras provincias iban a terminar asumiendo una buena parte de ese costo fiscal”. Y consideró que, por el contrario, esta iniciativa “no va a jugar con la expectativa de la gente”.

 

Adelantando su abstención, la kirchnerista Labado negó que el acuerdo sea “el mejor” para los trabajadores y puso reparos en la suba del mínimo no imponible, al alertar que “cuando tratemos paritarias todos los que hoy están siendo exentos van a volver a pagar”.

 

El santafesino Omar Perotti celebró el proyecto, pero aclaró que en el contexto de un país con un “32 por ciento” de personas bajo la línea de pobreza y con “un tercio de trabajadores que están en la informalidad, no lo pondría en el título de los grandes acuerdos”, ya que “los grandes acuerdos son los que nos faltan”.

 

La senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) remarcó que “si bien (el proyecto) no es el deseable ni el mejor, en definitiva va a traer más derechos a los trabajadores”. La rionegrina aseguró que “es una mala noticia y una mala señal” que no se grave a la minería y a la renta financiera. Además, pidió por una “distribución de los ingresos más equitativa en nuestro país”.

 

En defensa de la media sanción que se había logrado en la Cámara de Diputados, la kirchnerista González manifestó que su aplicación hubiera sido posible porque “si se cobrarían los impuestos que hay que cobrar, el déficit para nuestras provincias no hubiera sido tal”.

 

En tanto, la radical Silvia Elías de Pérez remarcó que “se está cumpliendo con una deuda que tiene muchos años y no se la puede saldar en doce meses”.

 

Por el PJ La Pampa, Norma Durango coincidió en que el proyecto “es notablemente superador respecto al mezquino proyecto del Ejecutivo”, y agregó que “pondrá una dosis de racionalidad a una situación de injusticia”.

 

Pichetto, quien jugó un rol protagónico en las negociaciones, sostuvo que “Diputados planteó un debate que estaba en el seno de la sociedad” y que además atravesó las campañas de los candidatos en las últimas elecciones.

 

El rionegrino se quejó de que “el proyecto del PEN era muy malo, muy pobre”, sumado a que “el último año vivimos un proceso inflacionario muy fuerte”, por lo que ponderó el arreglo conseguido en el Senado y sobre todo “el rol de la CGT, que tuvo prudencia durante todo el año. Esta es la ley posible, e implica una efectiva mejora para los trabajadores”, concluyó Pichetto.

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    Vamos Para Adelante
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    Diorama - Revista de Cultura