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A raíz de los sucesos ocurridos en la ciudad de Goya, con la intromisión de la Policía de Santa Fe en un operativo anti drogas, el arresto y la imputación del Comisario Moyano de esa provincia, por delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “secuestro”, debido al “levantamiento” de 16 jóvenes de la vía pública, autoridades de Corrientes sostienen que se violó el artículo 31 y 32 de la Ley Nacional de Estupefacientes, Nº 23.737, que modifica el Código Penal.

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El primer párrafo del artículo 31º de la Ley Nacional Nº 23.737, es clara cuando sostiene que “Efectivos de cualesquiera de los organismos de seguridad y de la Administración Nacional de Aduanas podrán actuar en jurisdicción de las otras en persecución de delincuentes, sospechosos de delitos e infractores de esta ley o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con la misma, debiendo darse inmediato conocimiento al organismo de seguridad del lugar”.

 

La citada Ley, sancionada el 21 de setiembre 21 de 1989 y promulgada de Hecho el 10 de octubre de 1989, incluso en su artículo 32, indica que, “Cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez de la causa podrá actuar en ajena jurisdicción, territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar”.

 

Esto significa que desde un primer momento, la Policía de Santa Fe tuvo que informar a las autoridades policiales por un lado y al ministro del área, de que iban a ingresar al territorio provincial a diligenciar el operativo.

 

Pero además el arresto del comisario santafecino a cargo del mismo se dio por disposición de la justicia provincial debido a las denuncias de los jóvenes “levantados” de la vía pública, sin ningún tipo de orden, ni información.

 

Incluso en el mencionado artículo 32 de la ley nacional, se establece que “Además, las autoridades de prevención deben poner en conocimiento del juez del lugar los resultados de las diligencias practicadas, poniendo a disposición del mismo las personas detenidas a fin de que este magistrado controle si la privación de la libertad responde estrictamente a las medidas ordenadas. Constatado este extremo el juez del lugar pondrá a los detenidos a disposición del juez de la causa”.

 

Con ello queda demostrado que el accionar de la policía de Santa Fe, a la que por otra parte no se le impidió realizar su trabajo ya que se realizaron todos los allanamientos que vinieron a hacer, fue totalmente ilegal debido a que no cumplieron lo que establece la Ley de Estupefacientes.

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