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Unicef admitió la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores (ley 22.278), pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes.

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Unicef admitió hoy la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores (ley 22.278) pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.

 

"La normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar", dijo a Télam la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca.

 

Pero la funcionaria de este organismo internacional que vela por los derechos de los niños y adolescentes dejó claro que la posición de Unicef es "no bajar la edad de imputabilidad de los menores, porque sería dar un paso atrás, retroceder".

 

"Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad", dijo Misuraca.

 

Consideró, incluso, que cuando se establecen penas para los jóvenes puede primar en los jueces la creatividad necesaria como para que dicten "buenos fallos", que piensen soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad.

 

"Hay buenos jueces, creativos, y buenos fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Justicia", confió la funcionaria del organismo internacional.

 

Según Misuraca, "el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal", respetando con esto también la Convención Internacional de los derechos el Niño, que, además, en Argentina, como en tantos otros países, tiene alcance constitucional.

 

Cuestionó de la normativa vigente el criterio discrecional a la hora de decidir la detención y privación de la libertad de un niño o adolescente que cometió un delito, ya que está relacionada con el estado de pobreza, abandono o falta de asistencia del menor.

 

Dejó claro que "la privación de la libertad debe ser la excepción" y que lo que se necesita es "fortalecer las políticas públicas" porque "los derechos de estos jóvenes se han vulnerado previamente al no tener un sistema de protección presente con anterioridad a cometer el delito".

 

Unicef trabaja codo a codo con el Ministerio de Justicia y también con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y lo seguirá haciendo este año, para poder llegar a un proyecto de reforma que tenga en cuenta las convenciones internacionales, y pueda alcanzar estado parlamentario en el 2018.

 

Unicef cree que bajar la edad de imputabilidad "no suma", y que sólo conduciría a "llenar con chicos" los institutos de menores.

 

Además, según un relevamiento propio que realizó la mayoría de los chicos que permanecen privados de la libertad lo están por delitos menores "contra la propiedad", y no por delitos graves.

 

Según un relevamiento realizado con Unicef en 2015, hay 82 menores de 16 años privados de su libertad (el 6,3%), entre 16 y 17 años hay otros 789 (60,5%), es decir un total de 871 sumando ambas edades. El resto son jóvenes que hoy tienen más de 18 años, pero que cometieron sus infracciones siendo menores. La suma total de jóvenes privados de libertad es 1305.

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