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La baja de la edad de imputabilidad volvió a ponerse en agenda social en la Argentina. El Gobierno Nacional adelantó que trabaja en una propuesta al respecto. América aparece muy variable ya que, la edad mínima de responsabilidad criminal va desde los 7 años en Trinidad y Tobago, hasta los 18 en Brasil, según un informe de Unicef

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En muchos países hay un régimen intermedio de “responsabilidad social” de niños por debajo de la edad de responsabilidad criminal. Bajo esta perspectiva, niños por debajo de la edad mínima de responsabilidad criminal pueden estar sujetos a alguna forma de responsabilidad social, que incluye la posibilidad de sanciones”, sostiene el estudio de UNICEF en inglés que se publica en esta nota titulado “Edades legales mínimas y la realización de los derechos de los adolescentes. Un repaso sobre la situación de América Latina y el Caribe”.

 

“En los países en que existe esto, generalmente se aplica para acciones que son consideradas ofensas criminales cuando son cometidas por una persona por encima de la edad de responsabilidad criminal”, señala Unicef.

 

 

 

 

El informe destalla que en Ecuador por ejemplo, “los adolescentes desde los 12 años son considerados responsables de sus acciones a través de un sistema que establece medidas alternativas y de custodia bajo un sistema juvenil de justicia”.

 

También en Brasil, donde la edad de responsabilidad criminal establecida en la Constitución es 18 años, “las acciones que constituirían una ofensa criminal si son cometidas por adultos son consideradas infracciones. Aunque no sea bajo un sistema de justicia criminal, estas acciones pueden llevar a juicio o privación de la libertad”.

 

En Uruguay, la legislación penal para menores está estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se establece un régimen especial para jóvenes de entre 13 y 18 años. Las penas aplicables son diferentes a las de los adultos y a los 18 años salen y se borra el expediente.

 

LA SITUACIÓN DE LOS MENORES INSTITUCIONALIZADOS EN ARGENTINA

Según el último relevamiento realizado por Unicef, hay 1305 menores privados de su libertad en centros cerrados. De ellos casi la totalidad son varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años y al momento del relevamiento, el 6,3% eran niños menores de 16 años.

 

En tanto que el 80% de adolescentes privados de su libertad se concentran en cinco jurisdicciones, Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe.

 

LA POSTURA DE UNICEF

Unicef propone “la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen, como regla, medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”

 

EL TRABAJO DEL GOBIERNO

Durante el 2016, el Gobierno comenzó a trabajar para la elaboración de un proyecto para crear una nueva ley penal juvenil. La Comisión para la Redacción de este proyecto va a trabajar en el ámbito de la Subsecretaria de Política Criminal, a cargo de Martín Casares.

 

Ciclo de Diálogos. Hacia una Nueva Ley Penal Juvenil organizados con UNICEF con tres representantes de todas las provincias del país del Poder Ejecutivo, Judicial, sociedad civil y especialistas donde se trabajó en mesas de debate donde se intentó llegar a diferentes consensos en temas tales como: justicia especializada, medidas alternativas al proceso, medidas alternativas a la privación de libertad, condiciones de detención, edad de imputabilidad, sanciones adecuadas a jóvenes y condiciones de centros de detención.

 

En el marco de Justicia 2020 existe un eje relativo al Sistema Penal Juvenil, donde se recibieron aportes concretos de operadores de todo el país sobre la necesidad de contar con una justicia penal especializada que dé una respuesta integral a los jóvenes que delinquen para prevenir y evitar su reincidencia.

 

Grupo de trabajo para que todas las provincias cuenten con algún sistema de monitoreo de las condiciones de detención y tratamiento socio educativos orientado a que puedan tener una función constructiva en la sociedad.

 

 

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