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Siete testigos que relataron amenazas y una ex colaboradora del área de finanzas de la Tupac Amaru, que afirmó que los dineros públicos terminaban en poder de la líder, son la clave para la acusación por asociación ilícita y malversación de fondos públicos.

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En un escrito de 45 páginas en el que se pide la elevación a juicio oral, realizado por el fiscal de Investigación Penal N° 1, Diego Clussel, y al que accedió Télam, se sintetizan declaraciones de Leopoldo Basualdo, Américo Romay, Julia del Carmen Gutiérrez, Cristian Chorolque, Walter Romay, Oscar Montoya y Roxana Zambrano.

 

Según el documento judicial, de los dichos de estos ex integrantes de la Tupac Amaru surge "un entramado" para generar entre los cooperativistas "un temor real por la pérdida de determinados beneficios con los que contaban los integrantes de la organización, quienes cumplían a rajatabla las órdenes de Sala, teniendo en miras las consecuencias adversas de aquellos que cuestionaban su poder", según escribió el fiscal.

 

En el escrito se señala que los cooperativistas eran amenazados para que le dieran a Sala facturas "que habilitarían el libramiento de los cheques, su cobro, y el ulterior apoderamiento de las remesas dinerarias".

 

Basualdo declaró que Sala le manifestó: "Si no facturás, te va a pasar lo mismo que a Chorolque, vas a ir a pasear al dique". Esa frase hacía referencia a que "lo iban a llevar al dique para ser golpeado".

 

En su declaración testimonial, Romay afirmó, siempre según el documento, que accedía a las maniobras "en primer lugar, por temor a las represalias contra su persona física y la de su familia, y también por temor a ser perjudicado en su cooperativa".

 

Agregó que "durante las reuniones que realizaba Milagro Sala con los cooperativistas siempre elegía a dedo a los cooperativistas y les exigía que entreguen las facturas para que ella las llenase y poder así presentarlas en distintos organismos, y que siempre amenazaba: 'Si no facturan los voy a hacer cagar'".

 

Gutiérrez dijo que Sala amenazaba con que no recibirían "ninguna obra", y con que no los atendería ningún ministerio o municipalidad.

 

Chorolque aseguró, en una ampliación de denuncia, que se prestaba a los manejos con las facturas "por temor a ser agredido por Milagro Sala y los hombres que la respaldan como seguridad".

 

En su testimonial, Romay aseguró que fue agredido por Sala: "Yo recibí un chirlo de parte de ella". Y agregó: "A mí, la Sra. Milagro Sala me dijo: 'Sé que tenés un hijo, a mí no me tiembla la pera para ponerte un fierro'".

 

Montoya, en su declaración, afirmó que era obligado a "participar de las movilizaciones".

 

La testigo Zambrano contó, tal como se plantea en el documento al que accedió Télam, "que siempre les decía María Condorí (acusada de integrar la asociación ilícita) que si no iban, o no se presentaban, los iban a dar de baja en la capacitación".

 

Para la Fiscalía General, que comanda Sergio Lello, "estos elementos (por los testimonios) acreditan la intencionalidad de Sala de hacerse con los fondos, mediante el miedo a quienes eran sus destinatarios".

 

Además, el escrito pone énfasis en la declaración testimonial de Natalia Bazán, "una persona que colaboró estrechamente con Sala, y se encargaba de las cuestiones contables". Esta mujer contó que la operatoria para hacerse con el dinero "fue siempre la misma".

 

"Cuando se cambiaba el efectivo, iban los chicos de finanzas y se lo llevaban, en un principio, a la casa de una de las que eran de finanzas. Pero cuando tuvieron problemas con Milagro, se comenzó a llevar la plata a la casa de Milagro. Siempre fue el mismo proceso, en todas las localidades iban los chicos de finanzas de acá, de Jujuy, retiraban la plata y la traían a la casa de Milagro", explicitó Bazán.

 

Para la fiscalía, "la declaración testimonial precedente permite acreditar el manejo estrictamente centralizado del dinero como estrategia para apoderarse del mismo".

 

En el requerimiento de elevación a juicio oral se subraya también que el testimonio del ex funcionario del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) Juan Carlos Guarch, "da cuenta de la ausencia de obras en los lugares asignados en la ciudad de Palpalá".

 

Las descripciones se centran en el manejo de los fondos provenientes del programa "Mejor Vivir II", de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación. La asociación ilícita que habría comandado Sala, según la acusación de la fiscalía, "tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que alcanzaban alrededor de 60.352.790,80 pesos".

 

Para quedarse con el dinero, según el documento, se procedió a convocar a "integrantes de la organización Tupac Amaru que fungían como presidentes de las cooperativas, y trasladarlos a los bancos aludidos en vehículos para que percibieran grandes cantidades de cheques, pues eran emitidos por montos de hasta 50.000 pesos" para que "no hubiese necesidad de solicitar autorización", ni "tributar impuestos".

 

El planteo que se hace en el escrito es que ese sistema "comenzó a mostrar inconvenientes" por "la farragosa disposición de numerosos vehículos automotores para los traslados de los cooperativistas y de los fondos", y "la ordenación de personal de custodia del dinero".

 

Para solucionar esos problemas, "se abrió una cuenta especial a nombre de la cooperativa Pibes Villeros Ltda." para "que perciba los fondos a través de una cuenta corriente a su nombre". Allí "se depositaban los cheques de cualquier plan de construcción y mejoramiento habitacional que sea adjudicado a cualquier cooperativa dentro del universo de cooperativas concentradas en la organización social Tupac Amaru y en la Red de organizaciones sociales".

 

El texto de la Fiscalía General remata: "Con posterioridad se cobraban los montos depositados por ventanilla, se colocaba el efectivo en bolsos y nuevamente se repetía el destino de marras: Gordaliza Nº 1711, domicilio particular de Milagro Sala y Pedro Noro, o Alvear Nº 1152, sede central de la organización Tupac Amaru. El dinero terminaba en casa de Milagro Amalia Ángela Sala, que compartía con Raúl Pedro Noro".

 

En ese marco es que se retiraron, el 9 de diciembre de 2015, 14 millones de pesos de una sucursal del Banco Nación que, según la presentación judicial, "fueron entregados a la imputada Sala".

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