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El conflicto con los manteros de Plaza Once en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desnudo descarnadamente el grave problema que tiene el gobierno de Rodríguez Larreta para resolver problemáticas de características sociales masivas. La venta ilegal es un flagelo en todo el país pero recrudece en Buenos Aires y desde el ejecutivo solo atinan a “dinero, promesas y legitimación”.

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“Si se censan, la Ciudad les ofrece un lugar para vender, capacitación y $11.700 por dos meses”, fue la propuesta pero ya en 2014, Mauricio Macri al frente del gobierno de la ciudad, se puso al frente del conflicto y la justicia detuvo y proceso a 151 manteros y condenó a 52, que aún “deberían” continuar presos. Esto da la pauta de que el problema es cíclico y que la gran cantidad de dinero que el negocio ilegal mueve por día y por año, evita que el problema de fondo se solucione.

 

A eso hay que agregarle miles de inmigrantes ilegales, ingresados al país durante los doce años del kirchnerato que ahora son lo que no aceptan el acuerdo con el gobierno y permanecen en la zona de Once reavivando el conflicto.

 

¿No bastaría acaso con el desalojo inicial, enviar delegaciones de AFIP y Migraciones que detecten no solo el origen de la mercadería y la situación en que se encuentran estas personas que ingresaron ilegalmente al país?

 

 

O acaso estos operativos impositivos y la presión tributaria que se ejerce desde el gobierno nacional, es solo para aquellos que pagan sus impuestos, a costa de tener un desarrollo económico mejor?

 

Los números del comercio ilegal que maneja la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) son casi escandalosos. Miles de millones de pesos al año que ingresan al mercado ilegal del dinero y que salen del circuito económico y financiero que paga impuestos y sostiene la economía.

 

Y ni hablar de la procedencia de la mercadería ilegal que se vende, que seguramente es fruto del contrabando, el trabajo esclavo o el trabajo infantil.

 

Luego de 36 horas de corte sobre avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre, lo que es un tiempo extremadamente largo para llegar a un principio de acuerdo con un sector minoritario de puesteros, es una clara muestra no solo de la intencionalidad política de los actores sociales que se mueven dentro del conflicto, sino la falta de resolución del gobierno de Rodríguez Larreta de resolverlo.

 

Si a eso se le suman la presencia de “delegados” que estuvieron presos por narcotraficantes, la arenga de Hebe de Bonafini llamando a “voltear al gobierno de Macri” y la presencia de militantes del partido de Luis D´Elia, confirman todos los peores miedos del ciudadano que trabaja legalmente, paga sus impuestos y ve como el dinero público o privado en este caso, ya que saldrá de CAME, pero que en definitiva es dinero de la gente que aporta para que esa cámara actúe.

 

Esos miedos de que sin protestas no hay soluciones, de que se privilegia a africanos, bolivianos y peruanos, entre otros extranjeros, ingresados en forma ilegal al país, durante el kirchnerismo, en contra de intereses nacionales y se vuelve a esconder los problemas debajo de la alfombra.

 

 

 

 

Casi 10.000.000 de pesos destinará CAME para que los manteros “se capaciten, se inscriban y trabajen legalmente”, pero la gran mayoría; los otros 1400 por lo  menos, seguirán presionando y seguramente, harán más laxos los controles o las negociaciones a su favor.

 

Mientras tanto hay un país que trabaja legalmente y se ve casi asfixiado por la presión tributaria y laboral, que no ve que la corrupción kirchnerista empiece a devolver el dinero que se robó y que los grandes medios nacionales privilegien mirarse el ombligo y no atender como corresponde, el problema de las provincias, cada vez más aquejadas por problemas meteorológicos y económicos.

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    Vamos Para Adelante
    Aguas de Corrientes... Desde ahora podes Imprimí tu factura desde tu computadora
    Siempre respeta las señales viales
    Diorama - Revista de Cultura