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Iván Kerr, titular de la Subsecretaría de Vivienda, adelantó lo que está previsto. Indicó que, cuando miraron los registros, este distrito contaba con 500 unidades en ejecución. Chaco y Entre Ríos recibieron 10 veces más con CFK.

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La impronta de la actual administración nacional plantea beneficios para la provincia, reconociendo que la gestión del gobernador Ricardo Colombi ha sufrido una gran discriminación durante los ocho años que gobernó Cristina Fernández de Kirchner (CFK). En este sentido, una de las medidas que impactará sin dudas en territorio será la construcción de 4.000 viviendas sociales durante este 2017, medida que viene a paliar el déficit habitacional que existe en esta zona del país.

 

En diálogo exclusivo con La República, el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Iván Kerr, confirmó que esta medida responde a la necesidad de equiparar la cantidad de casas sociales que se les dio a la provincias vecinas de Corrientes, unas 5.000 unidades por año, contra 500 otorgadas con cuentagotas al Taragüí.

 

“Cuando nos hicimos cargo de la Subsecretaría, nos dimos cuenta de que Corrientes tenía muy pocas viviendas en ejecución de los planes nacionales. Estaban en el orden las 500, mientras que las provincias vecinas, como Chaco, tenían 5.000; Entre Ríos, también 5.000, y Misiones, 4.000. Nos parecía que esta diferencia no podía existir teniendo en cuenta que tienen poblaciones similares. Por ello se planificó una curva ascendente, para que en 2017 exista una mayor cantidad de casas para los correntinos”, dijo Kerr al ser consultado por este diario.

 

Una vez más, queda de manifiesto y al descubierto la discriminación de la fue víctima Corrientes durante el tiempo que el régimen kirchnerista gobernó el país, manejando los fondos públicos de manera discrecional para premiar a las gestiones provinciales que se adherían y arrodillaban a los caprichos de la expresidenta y sus adláteres. Asimismo, aquellos gobiernos que mantenían una visión distinta de país eran castigados cercenando los derechos del distrito y recibiendo menos.

 

“La idea no es recortarle a nadie. No venimos a hacer una persecución por colores políticos, lo que queremos es equiparar y enmendar las brechas que se dieron durante el Gobierno anterior”, explicó Kerr.

 

En este sentido, el Instituto de  Vivienda Corrientes (Invico) tendrá un rol superlativo, ya que la ejecución de las casas previstas se llevará a cabo por los carriles correspondientes y naturales que fija la ley.

 

Sin dudas, el presidente Mauricio Macri tiene una trato especial con Corrientes, a partir de la relación que desarrolló con el gobernador Colombi, al momento que cerraron una alianza electoral que perseguía un cambio en la manera de hacer política. Esto sin dudas abre perspectivas realmente buenas para el crecimiento de la provincia en todos los aspectos, luego de un período extremadamente oscuro de la historia argentina, donde los fondos públicos se utilizaron para beneficio de unos pocos, que se creyeron los dueños de Argentina.

 

Auditorías de las viviendas ejecutadas en Corrientes

Por otro lado, el funcionario nacional confirmó a La República que desde el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) se abrió una auditoría en todo el país para conocer a ciencia cierta el estado de las 70.000 viviendas que se encuentran en ejecución.

 

En la edición de ayer, este diario publicó que el Gobierno nacional analiza la construcción de casas en 12 ciudades correntinas de corte kirchnerista donde habría  irregularidades. No obstante, Kerr indicó que no son solo las de un color político sino todas.

 

“Insisto: las medidas que ponemos en marcha no son para perseguir a un determinado partido, sino es para todos. Si encontramos irregularidades, las denunciaremos a la Justicia y a partir de allí será ese poder el que se encargue de determinar qué fue lo que ocurrió”, aclaró el funcionario nacional.

 

“Estamos auditando todas las ciudades donde se ejecutaron y se ejecutan viviendas. En Corrientes, hemos firmado un convenio con el Invico para que nos ayude a ubicar más rápidamente las obras. Imagínese que son 70.000 casas las que se encuentran en ejecución. No hay capacidad para hacerlo solos. Por ello, estamos buscando organismos confiables para realizar el trabajo”, dijo Kerr.

 

Estas auditorías tienen relación directa con el caso de la comuna correntina de Perugorría, donde la gestión de intendenta ultrakichnerista Angelina Lesieux recibía los fondos que enviaba la Nación para obras públicas pero las  estas no se realizaron.

 

De hecho existen dos causas abiertas por estas serias irregularidades, una en el fuero federal, que fue denunciada por la diputada nacional Margarita Stolbizer, y otra en el fuero provincial, que presentó la titular de la Ofician Anticorrupción de la Nación, Laura Alonso. Aquí se investiga el destino de 25 millones de pesos que estaban previstos entre otras cosas para 40 viviendas sociales.

 

Ahora, el Fonavi busca saber si estas irregularidades se dieron también en otras localidades correntinas donde tenía un “anclaje superlativo” el hoy senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola.

 

La lupa se agudizará sobre las comunas alineadas al régimen K, teniendo en cuenta que el gestor para bajar obras y programa nacionales era el exintendente de la Capital, para quien, se estima, se habría armado una caja política que le ayudaba a financiar sus campañas como candidato del Frente para la Victoria, a partir de los fondos que estaban justificados para casas sociales y otras obras públicas.

 

 

 

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