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La decisión de la Casa Rosada de postergar el ingreso de Avianca al mercado de las low cost hasta tanto se adecúe a los criterios de un nuevo decreto sobre conflictos de intereses de las empresas, a causa de una investigación denunciada por dos diputados kirchneristas y tomada por un fiscal peronista que reconoce su pasado de Montonero; cayó como una bomba en la aerolínea de bandera colombiana, que ahora no solo analiza dejar el país sino también iniciar un demanda contra el Gobierno.

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Una publicación del portal www.infobae.com detalla que los abogados de Avianca están evaluando presentar una medida cautelar luego de lo anunciado el lunes por la tarde por el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

 

En la rueda de prensa, los funcionarios hicieron saber que la palabra final sobre el asunto la tendrá la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, pese a que desde el Gobierno habían dicho públicamente que no existía un conflicto para que Avianca comenzara a operar.

 

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de su Junta Asesora de Transporte Aéreo, ya le había dado curso favorable a la cuestión y la empresa colombiana iba a operar desde Buenos Aires llegando a Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concordia, entre otras.

 

Ocurre que la firma había quedado en el centro de la polémica porque en 2016 adquirió Macair Jet, una empresa de aviación propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri, por lo que el fiscal que ingresó a la justicia en 1992, cuando Carlos Menem estaba delineando el fuero federal a su gusto, retomó la denuncia que habían presentado los diputados nacionales del Frente para la Victoria; Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.

 

Di Lello, que no oculta su pasado en Montoneros y se trenza en sabrosas charlas políticas con la pasión de un militante de 20 años, incluso estuvo detenido poco más de un año por su participación en la logística de un golpe de la organización.

 

Hay que recordar que este fiscal llegó a ese cargo merced a su relación con Gregorio “Goyo” Corach, el camarista laboral y hermano de Carlos Corach, quien fue el que finalmente le ofreció la fiscalía en 1992; cuando Carlos Menem estaba delineando el fuero federal.

 

Avianca emplea en la actualidad a 70 personas en la Argentina, pero con su plan de crecimiento establecido en el marco de las 16 rutas aéreas que había solicitado, tenía pensado ampliar el número a 700 puestos directos, por lo que ahora, la discusión kirchnerista pasaría por la “sistemática pérdida de puestos de trabajo del gobierno de Cambiemos”.

 

Aquí también cabe aclarar que existe cierta incapacidad, casi infantil, de no saber superar, por parte del gobierno nacional, las presiones que llegan desde el lado del kirchnerismo, porque determinar que, “en el caso de Avianca, se va a crear un mecanismo para generar una institucionalidad superior a la existente en materia de potenciales conflictos de intereses”, como explicó Peña en la conferencia de prensa, ya le da un aire de irregularidad que en principio, sostuvieron que no existía.

 

Lo cierto es que Avianca es una empresa internacional, no es argentina y su única vinculación con el presidente Macri es una compra, aprobada por todos los organismos internacionales encargados de regular el transporte áereo; de una minúscula empresa del padre del presidente.

 

EL CASO EN LA JUSTICIA

El pasado 1 de marzo, poco antes del discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa, el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al Presidente y a su padre Franco por la posible comisión de los delitos de “asociación ilícita” y “negociaciones incompatibles” en el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca, por una denuncia de los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.

 

Sin embargo siguen sin resolver desde mayo de 2012 la imputación al entonces vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito, la causa Ciccone, por la que recién en 2014 Boudou fue procesado.

 

Además de la causa Ciccone, se tramitan en la fiscalía de Di Lello, sin resolver: la causa por presunto desvío de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la de Sueños Compartidos.

 

En el expediente contra Macri, el fiscal Montonero señaló que podrían haber cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino, puntualmente en el otorgamiento de rutas a Avianca.

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    Diorama - Revista de Cultura