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Presidido por el ministro de Obras y Servicios Públicos, ing. Aníbal Godoy  se llevó a cabo hoy en la localidad de Santa Rosa una Audiencia Pública  con el  objeto de conocer y analizar la opinión de los distintos sectores interesados, previo a la adopción de una decisión, referida a la aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial de la actualización tarifaria para el año 2017, del servicio de distribución de energía eléctrica de la D.P.E.C.

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Esta Audiencia Pública, concretada de acuerdo a los  términos del Artículo 48 de la Constitución Provincial y Ley N° 5.982, se llevó a cabo en el  Salón de Usos Múltiples (SUM) Municipal , sito en Belgrano N° 66 de la localidad,  de la cual tomaron parte y expusieron sus puntos de vista el  Ing. Carlos Vasallo de APICC, Daniel Cassiet por la Federación Económica de Corrientes, el Defensor del Pueblo  de la Provincia, Cesar Vallejos Tressens , el ex defensor del Pueblo, Miguel  Alegre Nelson Veas Oyarzo por la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Corrientes, Luis E. Álvarez de la Asociación de Distribuidores de Energía eléctrica de la República Argentina (ADEERA), y los defensores de los Vecinos de Gobernador Virasoro, Marcela Álvarez y de la ciudad de Corrientes, Javier Rodríguez.

 

Actuó como coordinador de la Audiencia el jefe del departamento Legal de la Dirección del Planificación y Obras (DPO), dr. César Riveros Garcete y por la DPEC expusieron los detalles técnicos tarifarios y del Plan Maestro de Obras e Inversión, los ing. Luis Aguirre y José María Torres.

 

El ing. Godoy destacó  que la “la actualización tarifaria es necesaria para solventar incrementos en costos y planificar inversiones para  optimizar el servicio” enfatizando que “la política energética del Gobierno nacional anterior no generaba inversiones ni se brindaba a las distribuidoras las condiciones para poder hacer inversiones. Nosotros con esto solo buscamos mejorar la calidad energética de la provincia”.

 

Reconoció que “las correcciones que se hacen en el mercado de la energía impactarán en los consumidores finales, aunque se mantendrá una herramienta como la tarifa social que atempera el impacto en sectores más necesitados”.

 

El próximo paso tras esta Audiencia Pública y el informe del área de implementación será elevar un informe en un plazo de 10 días, según se expresó en la convocatoria y dentro de los 30 días de recibido este informe, se  procederá a adoptar la resolución final de la cuestión puesta en consulta.

 

 

 

 

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