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La Justicia provincial admitió el amparo ambiental contra ese Municipio correntino, regenteado por el kirchnerismo desde hace más de doce años. El fallo concede 40 días a la administración del intendente Lalo Domínguez para que cese el plan de mejoras y gestión de residuos, por no ser el adecuado.

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La Justicia avaló la acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Curuzú Cuatiá y ordenó cerrar el basural a cielo abierto que utilizaba esa comuna. El fallo concede 40 días corridos a la administración de Ernesto Lalo Domínguez para que cese el plan de mejora y gestión de residuos por no ser el adecuado.

 

Este fallo pone sobre la mesa las irregularidades en el tratamiento de la basura en la Planta de Manejo de Residuos (Plamares), tantas veces promocionada por parte del matrimonio Rubín (Carlos y Alicia Locatelli), ex administadores de esa comuna. La planta tenía el propósito de trabajar los residuos para preservar el medioambiente; sin embargo, no cumplía esa meta según los estudios de suelo que se practicaron en esa localidad.

 

Los jueces Ricardo Horacio Picciochi Ríos y Claudio Daniel Flores, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá, resolvieron admitir la acción de amparo ambiental, individual y con incidencia colectiva, promovida contra la Municipalidad, respecto de la gestión de residuos llevada adelante como actividad y emprendimiento en el inmueble privado ubicado sobre la ruta provincial 158.

 

En la causa, caratulada como “Campestrini, Marta Elena y otros c/amparo (Fuero Civil)”, se concede al Municipio 40 días corridos, improrrogables, para: “a) cesar en la ejecución del plan de mejora y gestión de residuos que lleva a cabo, según proyecto de enterramiento y tratamiento a cielo abierto por no ser los adecuados como informa la autoridad de aplicación con competencia en la materia, ICAA; ni contar con la habilitación ni declaración de impacto ambiental; b) prohibir a la Municipalidad el traslado para volcamiento, la disposición transitoria o final de los residuos domiciliarios y urbanos y/o cualquier acción u omisión equivalente que contraríe los presupuestos mínimos del ambiente y la gestión integral de residuos expuestos en autos, hasta tanto cuente con la correspondiente autorización, habilitación y declaración de impacto ambiental expedida por la autoridad de aplicación, ICAA; c) clausurar el denominado basural municipal que operó hasta la fecha como vertedero de larga data, utilizado por la Municipalidad para el volcamiento de los residuos, sin tratamiento alguno de disposición final, que se encuentran en la superficie en forma dispersa, a cielo abierto; oficiándose a la UOP y UR-III para prestar colaboración y apoyo como ajustadamente vino realizando y desempeñándose desde que se decretó la medida cautelar hasta la fecha”.

 

Además, se impuso al Municipio hacer público durante una semana lo decidido, a través de los medios de comunicación locales, debiendo acreditar la materialización ante la Secretaría del Tribunal.

 

El vertedero data de años y en forma frecuente, es utilizado por el Municipio para el volcamiento de residuos domiciliarios, los que no reciben tratamiento alguno de disposición final y se hallan en superficie a cielo abierto ocupando 3 hectáreas aproximadamente. Los líquidos generados se infiltran en el terreno según su permeabilidad.

 

En los estudios efectuados (muestras de agua y suelo, sondeos y pozos vecinos y el arroyo Marote) no se detectaron contaminantes, aunque sí una leve infiltración dentro del área en la que se depositaron los residuos.

 

Ante las pruebas reflejadas en los estudios y otras evidencias, los magistrados entendieron que el problema de contaminación en el inmueble realmente existía, leve o bajo, en el área donde se encuentra dispersa la basura, y los informes daban cuenta de pequeñas concentraciones de hidrocarburos poliaromáticos, compuestos orgánicos y metales pesados, fenólicos.

 

Y ese era uno de los puntos a valorar negativamente sobre la explotación llevada a cabo por la Municipalidad en la gestión integral de residuos domiciliarios en el inmueble sin tratamiento alguno, con volcamiento en forma dispersa a cielo abierto, admitido por el propio subdirector de Saneamiento Urbano y refrendado por el viceintendente.

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