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 El Gobierno de Corrientes continúa avanzando con el Programa de Regularización Dominial, en el marco de la política de derechos humanos, poniendo en plena vigencia los derechos económicos y culturales que significan el acceso a vivienda y trabajo digno, acceso a la salud, educación, y en definitiva, a una auténtica justicia social.

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En virtud de ello, el gobernador Ricardo Colombi firmó el proyecto de Ley de Expropiación de terrenos ubicados en el asentamiento conocido como la “Cancha de Goma” en el Barrio Ponce, e inmediatamente ya fue presentado a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

 

El mismo surgió tras relevamientos, censos y trabajos en terreno para determinar las condiciones sociales, económicas y ambientales de los habitantes del lugar, llevados adelante por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Manuel Cuevas.

 

Se trata de un asentamiento informal en donde viven más de un centenar de familias que buscan contar con el título de propiedad.

 

 El proyecto rubricado por Colombi apunta a regularizar la situación dominial de más de 100 familias que habitan en el terreno desde hace más de dos décadas y sin conexiones formales de servicios.

 

En el marco del programa de regularización dominial que despliega el Gobierno provincial,  ya se expropiaron asentamientos informales ubicados en las zonas capitalinas de Virgen de los Dolores, Bajo Galván, Quilmes (del barrio Patono), La Chola (barrio Iberá), El Cocal (barrio San Antonio Este) y Río Paraná.

 

De acuerdo a lo informado por el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, dicho proyecto ya ingresó para su tratamiento legislativo en el senado con el objetivo que tenga su recorrido administrativo y sea aprobada tanto en Senadores como en la Cámara de Diputados y se convierta en ley.

 

Una vez que la norma sea aprobada y promulgada, se podrá avanzar en el pago de la indemnización a los propietarios privados, los censos y relevamientos habitacionales y posteriormente las obras de viviendas y de aprovisionamiento de servicios para los habitantes.

 

El proyecto de expropiación surgió por reclamo de los habitantes del asentamiento y el impulso por parte de la comisión vecinal del barrio Ponce. En los terrenos en cuestión, que tienen una antigüedad de más de 20 años, viven unas 107 familias carenciadas, con un total de 581 personas, de las cuales unas 208 son menores de un año y hasta 5 años.

 

De acuerdo al censo, las 107 familias podrán obtener el título de propiedad de las tierras para luego acceder a programas de urbanización e infraestructura (agua, cloacas y luz), a través de obras y construcción de viviendas por parte del INVICO y la implementación de programas sociales. También está prevista la construcción de un Centro Cultural y un predio deportivo.

 

 

 

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