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La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley un proyecto que declara zona de desastre y emergencia hídrica por el término de 180 días a las áreas afectadas por las inundaciones en 11 provincias del país. El proyecto que ya tenía media sanción del Senado impulsado por Camau Espínola, dejó una vez más al desnudo la falta de “realidad” que tiene, al olvidarse de incorporar a la provincia del Chaco.

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Con 166 votos afirmativos, solo dos negativos y una abstención, los diputados nacionales le dieron sanción definitiva a la iniciativa llegada desde el Senado de la Nación, que reconoce asistencia financiera a partidos, departamentos, localidades y parajes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán, sin incluir el Chaco, que quedó en medio de los temporales que afectaron a Misiones y Corrientes que sí fueron contempladas.

 

El proyecto, con el cual Camau Espínola, autor del mismo; hizo un raid mediático, dejó al desnudo su falta de conocimiento de la realidad, al dejar fuera a la provincia de uno de sus socios políticos.

 

Mientras el Congreso de la Nación declaraba la emergencia por inundaciones en 11 provincias argentinas, el gobernador Peppo se reunía con el secretario de Agroindustria para pedir asistencia económica por la emergencia climática que afecta grandes zonas productivas del Chaco. En tanto que el silencio de Capitanich desde la intendencia de Resistencia, es demasiado notorio.

 

El proyecto que pone un plazo de seis meses en lo que se refiere a la ayuda nacional hacia las provincias en emergencia hídrica, sostiene que será prorrogable por una cantidad de tiempo similar, en caso de que el Poder Ejecutivo así lo disponga, como también podrá extender la emergencia a otras localidades no comprendidas en el texto aprobado.

 

 

La iniciativa instruye al gobierno a conformar en un plazo de un mes un fondo especial con aportes del Tesoro Nacional que será destinado a la ayuda a las personas que hayan padecido las inclemencias del tiempo. La asignación de las partidas será administrada conforme a las prioridades que fije el PEN en coordinación con las provincias y los municipios.

 

También la normativa fija la obligación del gobierno de destinar partidas adicionales a la cobertura de obras sociales en las áreas afectadas, así como para la reconstrucción de las unidades productivas deterioradas a raíz de las inundaciones.

 

Se establecen además facilidades de pago para los contribuyentes damnificados, lo cual incluye prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y exención de los impuestos a los Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta.

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    Diorama - Revista de Cultura