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El Defensor de los Vecinos de la ciudad de Corrientes, Javier Rodríguez, participó esta mañana de una reunión con sus pares de Chaco y Corrientes, donde plantearon la situación de “ilegalidad” del peaje situado en el puente Gral. Manuel Belgrano, por encontrarse vencidos los plazos de la concesión. Pidieron actuación del Ministerio de Transporte de la Nación para convocar a una audiencia pública y, entretanto, prohibir el cobro de peajes. 

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En el encuentro desarrollado junto al Defensor del pueblo del Chaco, Dr. Gustavo Corregido, y su par de la provincia de Corrientes, Dr. César Vallejos Tressens, los Ombudsman y asesores, trabajaron en base a la realidad actual del peaje interprovincial, que -según explicaron- opera de manera ilegítima ya que el período de concesión venció el pasado 27 de abril. “Sostenemos que se trata de una casilla ilegal, pedimos que deje de cobrarse el peaje hasta que se regularice la situación, y principalmente buscamos evitar que se prorrogue la concesión a la empresa actual que está actuando arbitrariamente”, explicó el Defensor Rodríguez.

 

Denunciando esta irregularidad, y adelantándose a un inminente llamado de licitación, plantearon la necesidad de generar un espacio abierto de expresión y debate que escuche las requisitorias y planteamientos de los usuarios del servicio. Como primera determinación, los Defensores acordaron remitir una nota al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrichs, solicitándole efectúe el llamado a audiencia pública.

 

En este sentido destacó que “pretendemos que el Ministerio escuche las voces de usuarios, legisladores, defensores, asociaciones de consumidores para que se tenga en claro las prioridades y las apreciaciones de quienes circulamos periódicamente, pagamos el peaje y exigimos el cumplimiento de las contraprestaciones”.

 

Por otra parte, el Defensor de los Vecinos señaló que “hasta ahora nadie sabe detalles de la concesión, sería útil la audiencia también como instancia de conocimiento ya que actualmente se desconocen las responsabilidades y obligaciones del concesionario, como así también los criterios establecidos en el pliego y los fundamentos de esta concesión” y manifestó que “los ciudadanos tenemos derecho a una información adecuada y veraz respecto del servicio que se nos brinda”.

 

 

 

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