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Vuelve al tapete un tema relacionado con la Dirección Nacional de Migraciones que si bien ocurrió en enero de 2016, cuando se removió a Carlos Ódena de la Delegación Chaco-Corrientes y a cuatro funcionarios más debido a que estarían involucrados en una causa penal por el ingreso ilegal y otorgamiento fraudulento de ciudadanía argentina a ciudadanos chinos, porque justamente, ahora como funcionario de la Municipalidad de Corrientes, hizo secuestrar un colectivo que hacía campaña para la fórmula Tassano – Lanari de ECO+Cambiemos.

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En noviembre de 2014, el Gobierno nacional de Cristina Kirchner a través del Ministro a cargo de ese organismo, Florencio Randazzo, había dispuesto una intervención en la delegación correntina de la Dirección Nacional de Migraciones anunciando que se había desplazado a sus funcionarios tras una denuncia penal por los delitos de cohecho, dádivas y asociación ilícita; una causa que investiga a los ex directivos de esa oficina por cobrar supuestas coimas a ciudadanos chinos para regularizar su ingreso al país en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres. Eso, en realidad nunca ocurrió y todos ellos fueron removidos recién por el gobierno de Mauricio Macri.

 

Los involucrados en 2014 y recién removidos en enero de 2016 eran Carlos Ódena, director regional; Walter Zuberbuler, hombre del ahora senador “Camau” Espínola; Carlos Mórtola, hermano del actual diputado provincial José Mortola y Carolina Polo, militante Justicialista, pero cercana a La Cámpora.

 

Odena es un militante del Partido Justicialista (PJ) de Corrientes, aparecido en escena política de la mano del actual intendente de la Capital, Fabián Ríos. Aseguran que antes habría sido el chofer del anterior titular de Migraciones y actual secretario de Medioambiente de la Municipalidad, Félix Pacayut.

 

Tras la victoria electoral de Ríos en la capital provincial que lo ubicó como intendente en diciembre de 2013, Félix Pacayut pasó a ser funcionario municipal y Odena tomó su lugar en Migraciones y luego de su salida de la repartición nacional, recaló también en la Municipalidad de Corrientes.

 

El otro funcionario removido en 2016 fue Walter Zuberbuler quien era apoderado de Nueva Dirigencia y junto al concejal goyano Ariel Pereyra, habían abandonado Proyecto Corrientes para pasarse a las filas del Frente para la Victoria. En ese momento, Zuberbuler llegó a Migraciones, en un acuerdo con “Camau” Espínola.

 

En tanto que Carlos Mórtola, también ligado al Frente para la Victoria, es hermano del diputado provincial de Bella Vista, José Mórtola, e integrante de la bancada kirchnerista de lo que se consideraría el ala dura de la oposición al gobierno de ECO.

 

Finalmente, también fue removida de su cargo Carolina Polo, quien era colaboradora de Odena y militante del espacio político del entonces ex jefe de la Delegación Corrientes –Chaco de Migraciones y actual subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial de la municipalidad capitalina.

 

EL RELATO

Obviamente como todo kirchnerista que se precia, Odena no tardó en cuestionar su desplazamiento, culpando a la administración de Mauricio Macri sosteniendo que “había renunciado al cargo por presiones del nuevo Gobierno nacional”.

 

Pero en realidad en ese momento, llegó hasta Corrientes el director de Sumarios de la cartera, Milton Guillermo Tolosa, para notificar a Carlos Odena, Walter Zuberbuler, Carolina Polo y Carlos Mórtola del despido.

 

Ocurre que todos serían parte de la causa presentada en Juzgado Federal Nº 1 a cargo del juez Carlos Soto Dávila, por “Infracción a la Ley 25871, Asociación Ilícita, Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público (Art. 248), Cohecho Activo, Aceptación de Dádiva, Exacciones Ilegales, Concusión y Falsificación Documentos Públicos”.

 

Asimismo desde la delegación adelantaron que se iniciará un control de la grilla de empleados, debido a que hay un gran número de personas que figuran y no se presentan a trabajar. Evidentemente, esto sería una constante de la finalizada gestión kirchnerista en las dependencias nacionales. “En la capital figuran 30 empleados, pero son solo 10 los que trabajan”, dijo una alta fuente relacionada con Tolosa.

 

Odena recurriendo al “relato” o más bien al “relatito”, tomó como estrategia en ese momento afirmar que, no sería "cómplice del despido de compañeros" y que por ello renunciaba, obviamente sin informar sobre el escándalo que salió a la luz en noviembre de 2014.

 

En el expediente en cuestión se denuncia que Odena y a este grupo de funcionarios desplazados habrían instalado un negocio dentro de la Delegación de Migraciones supuestamente relacionado con la entrada al país de ciudadanos chinos, a quienes se les habría cobrado un canon para otorgarles la ciudadanía argentina. Este incluía un acuerdo nupcial con un natural del país para que la nacionalidad sea formalmente constituida. Esta acción ilegal se habría iniciado con un monto de 15.000 pesos, pero hasta momentos previos a la denuncia, el valor de la gestión habría alcanzado los 30.000 dólares.

 

El escándalo había sacudido en su momento al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, área de la cual depende esta dirección, pero en ese entonces el propio ministro Florencio Randazzo evitaba hablar del tema.

 

LA CAUSA

La denuncia inicialmente fue presentada por un empleado del organismo, Milton Guillermo Tolosa, contra Carlos María Odena, quien venía desempeñándose como delegado de Migraciones en Corrientes y Chaco.

 

La presentación penal de Tolosa imputa a un total de doce personas que cumplían distintas funciones en oficinas de la Dirección de Migraciones en Corrientes capital, Paso de los Libres y Bella Vista; el caso es investigado por la jueza Federal, Mabel Borda.

 

“El estado de los autos caratulados denunciado: Odena Carlos María y otros Infracción ley 25.871 asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 248), cohecho activo, aceptación de dádivas, exacciones ilegales, concusión y falsificación documentos públicos. Denunciante: Tolosa, Milton Guillermo”, indica la presentación que se difundió en medios de Corrientes.

 

Según establece esta causa, los imputados están acusados de cobrar coimas a ciudadanos chinos para regularizar su situación en la Argentina, en la frontera de Paso de los Libres con Brasil.

 

Y fue en ese momento el diputado nacional por Corrientes, Gustavo Valdés (ECO), quien presentó en la Cámara baja nacional un pedido de informes para que el ministro Randazzo explique en qué situación se encuentra la Dirección de Migraciones en ese distrito. “Randazzo tiene una delegación de Migraciones intervenida por una denuncia que, entre otros delitos, encuadraría en el tráfico de personas”, dijo en aquella oportunidad Valdés en declaraciones a la prensa. “Hay una denuncia penal y se tiene que investigar porque podemos estar ante un caso de tráfico de personas”, insistió el legislador.

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    Diorama - Revista de Cultura