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A raíz de la publicación de esta agencia de noticias respecto de una denuncia penal contra funcionarios de la anterior administración de la Dirección Nacional de Migraciones , cuando se removió a Carlos Odena de la Delegación Chaco-Corrientes, se logró acceder a información a través de personas, cuya identidad se preservará bajo el derecho constitucional de la no revelación de la fuente, sobre el expediente FCT 5389/2014. Se detectaron 78 expedientes administrativos irregulares, donde personas de nacionalidad china solicitan radicación permanente.

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En noviembre de 2014, el Gobierno nacional de Cristina Kirchner a través del Ministro a cargo de ese organismo, Florencio Randazzo, había dispuesto una intervención en la delegación correntina de la Dirección Nacional de Migraciones anunciando que se había desplazado a sus funcionarios tras una denuncia penal por los delitos de cohecho, dádivas y asociación ilícita.

 

Si bien los funcionarios no fueron desplazados hasta enero de 2016, la causa que investiga a los ahora ex directivos de esa oficina, trata sobre el supuesto cobro de dinero a ciudadanos chinos para regularizar su ingreso al país.

 

Los involucrados en 2014 y recién removidos en enero de 2016 eran Carlos Odena, director regional; Walter Zuberbuler, hombre del ahora senador “Camau” Espínola; Carlos Mórtola, hermano del actual diputado provincial José Mortola y Carolina Polo, militante Justicialista, pero cercana a La Cámpora.

 

DATOS DE LA CAUSA 

La denuncia, presentada en 2014 en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes a cargo del juez Carlos Soto Dávila, incluye los delitos de “Infracción a la Ley 25871, Asociación Ilícita, Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público (Art. 248), Cohecho Activo, Aceptación de Dádiva, Exacciones Ilegales, Concusión y Falsificación Documentos Públicos”.

 

En el expediente en cuestión se denuncia que Odena y este grupo de funcionarios desplazados habrían instalado un negocio dentro de la Delegación de Migraciones supuestamente relacionado con la entrada al país de ciudadanos chinos, a quienes se les habría cobrado un canon para otorgarles la ciudadanía argentina.

 

Este incluía un acuerdo nupcial con un natural del país para que la nacionalidad sea formalmente constituida. Esta acción ilegal se habría iniciado con un monto de 15.000 pesos, pero hasta momentos previos a la denuncia, el valor de la gestión habría alcanzado los 30.000 dólares, según algunos testimonios.

 

La denuncia inicialmente fue presentada por un empleado del organismo, Milton Guillermo Tolosa, contra Carlos María Odena, quien venía desempeñándose como delegado de Migraciones en Corrientes y Chaco.

 

La presentación penal de Tolosa imputa a un total de doce personas que cumplían distintas funciones en oficinas de la Dirección de Migraciones en Corrientes capital, Paso de los Libres y Bella Vista.

 

“El estado de los autos caratulados denunciado: Odena Carlos María y otros Infracción ley 25.871 asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 248), cohecho activo, aceptación de dádivas, exacciones ilegales, concusión y falsificación documentos públicos. Denunciante: Tolosa, Milton Guillermo”, indica la presentación que se difundió en medios de Corrientes.

 

INDAGATORIA INCRIMINATORIA

www.corrientesaldia.com.ar tuvo acceso, a una declaración indagatoria que forma parte de la investigación, actualmente con casi 600 fojas de donde se desprende la declaración de un ciudadano de nacionalidad argentina, cuyo nombre será preservado por ser una investigación en curso, domiciliado en la ciudad de Resistencia (Chaco).

 

Se le informa al imputado que el hecho que se le atribuye consiste en una denuncia realizada por la Dirección Nacional de Migraciones, por la posible comisión de hechos ilícitos.

 

De esta denuncia se desprende que existen 78 expedientes administrativos considerados irregulares, ya que todos surgen de la actividad de solicitantes de trámite migratorio de origen chino. Ciudadanos que ingresaron al país eludiendo el control migratorio y sin la correspondencia visa consular.

 

Uno de los expedientes irregulares por el que se produce la indagatoria de este ciudadano argentino sostiene que una mujer de nacionalidad china, ingresada al país el 4 de noviembre de 2012 a través de la ciudad de Clorinda (Formosa), solicita la radicación definitiva en la Argentina alegando haber contraído matrimonio con el ciudadano argentino nativo.

 

A partir de ello se cita al mismo a prestar primeramente declaración testimonial, según luce acta de audiencia de fs 458, donde el mismo manifiesta expresamente “yo me case con una mujer de origen chino, no recuerdo bien su nombre, un amigo mío me dijo que le habían ofrecido para casarse con una mujer asiática, y como él no podía me ofreció a mí, yo le di mi celular me llamaron, me citaron para hablar conmigo, y ahí me dieron una fecha para ir al registro civil de Barranqueras y me fui y nos casamos, me terminé de casar me dieron dinero y me fui, quedaron en llamarme para hacer lo del divorcio pero yo perdí el celular y no tuve más contacto con estas personas”.

 

El acta de matrimonio Nº 11, Tomo I, Año 2014 celebrado en la localidad de Puerto Vilelas (Chaco), consta en la información donde luego se detallan las declaraciones de esta persona.

 

Al haberse posiblemente auto incriminado, se suspende la audiencia testimonial hasta la fijación de una nueva audiencia, ya en carácter de imputado. A partir de allí se le leen todos los instrumentos administrativos que obran en su contra por lo que este ciudadano se abstiene de declarar.

 

Esto ocurre el 27 de abril de 2017, están presente el Juez federal Nº 1; Carlos Soto Dávila asistido por el Secretario Penal Subrogante, Javier Otazo y con la presencia del Defensor Oficial Coadyuvante, Alejandro Castelli.

 

Aseguran que como estas testimoniales o indagatorias, habría dentro del cuerpo de expediente, que es la sumatoria de dos denuncias penales, muchas otras pruebas del modus operandis de esta irregularidad que se investiga y que; dormida desde 2014, volvió a tomar impulso con la nueva administración nacional para evaluar no solo la situación procesal de los imputados y también determinar si además de los delitos que se les imputan, estaría también la figura de trata de personas.

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