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Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se habría iniciado una investigación de control sobre de la totalidad de los beneficiarios de pensiones por discapacidad en Goya (Corrientes), debido a que se advirtieron una gran cantidad de ellos. Se estaría ante una nueva estafa por parte del anterior gobierno kirchnerista en connivencia con la municipalidad manejada por el presidente del Justicialismo provincial, Gerardo Bassi.

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Con un padrón que rondaría los 20.000 beneficiarios de pensiones por discapacidad, Goya aparece como una de las ciudades de la provincia con mayor porcentaje respecto a su población activa.

 

Si bien rápidamente se está hablando en una primera etapa de algo más de 3.000 pensiones; rápidamente el oficialismo municipal salió a sostener que ellos representa en dinero algo más de 20 millones de pesos por mes, como justificación para que estas pensiones no sean dadas de baja.

 

Es decir que anteponen políticamente, el monto de dinero que llegaría a la ciudad, por encima de la legalidad y de la legitimidad de quienes recibirían el beneficio, sin importar su fueron bien o mal entregadas.

 

Lo cierto es que se habría encontrado que entre los papeles que presentaban los presuntos beneficiarios, aparecen certificados apócrifos con membrete del Hospital Regional Camilo Muniagurria, con firmas ilegibles de los profesionales que “habrían entregado estos certificados”, denunciaron.

 

Esa causa, habría llevado a las autoridades a realizar por ahora, en solo en esta ciudad, un control exhaustivo de las pensiones otorgadas entre 2013 y 2016, ya que cabría la posibilidad de que existan personas que cobran sin tener discapacidad alguna.

 

Por otra parte, también se denuncia por las redes sociales que habría personas que discapacidades de diferentes tipos, pero que cuya documentación, presentada entre 2009 y 2015, en la delegación de Desarrollo Social, es decir, mientras era ministro, Alicia Kirchner, que nunca llegaron a concretarse, por trabas impuestas por el ahora senador nacional; Camau Espínola.

 

La preocupación de la gente, está en el medio de esta denuncia que involucra a funcionarios de la anterior administración nacional, como así también del actual gobierno comunal, que habrían utilizado políticamente el otorgamiento de estas pensiones por discapacidad.

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