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En la culminación de su alegato final, que había comenzado poco después de las 11, la fiscal Stella Maris Scandura pidió una condena de tres años de prisión en suspenso para el ex vicepresidente Amado Boudou y tres de los otros acusados, por hallarlos "cómplices del delito de falsedad ideológica de documento público", a causas de la falsificación de los papeles de un auto que Boudou había comprado hace más de dos décadas. Además, se pidió el decomiso del vehículo Honda CRX patente WYT716.

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(www.clarin.com) El ex vice había llegado a los tribunales de Retiro minutos antes de las 10.30, para la audiencia en que comenzaron a escucharse los alegatos en el juicio oral en su contra, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil. La fiscal del Tribunal inició su alocución remarcando que estaba "acreditada la participación" de Boudou en los hechos denunciados y la utilización de "documentación apócrifa" en "total connivencia con Agustina Seguín", su ex novia.

 

Tal como acaba de afirmarlo en el comienzo de su alegato, para la fiscal Scandura Boudou falseó los papeles de un vehículo Honda adquirido en 1993 y que diez años después transfirió a su nombre. En los papeles figuraban firmas apócrifas y domicilios inexistentes. Lo habría hecho para perjudicar a su ex esposa en una división de bienes. Y más: lo habría ayudado una ex novia.

 

El juicio se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1), integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega (quien presidió), José Antonio Michilini y Adrián Grünberg.

 

La fiscal remarcó desde un comienzo que está "más que acreditado" que Boudou transfirió un vehículo a su nombre "con documentación espuria, falsa y apócrifa". Durante la lectura del alegato, que duró más de cuatro horas Scandura sostuvo que el ex vicepresidente en "connivencia con Agustina Seguín (su ex novia) cometieron el hecho criminal".

 

Durante la extensa y demoledora exposición contra el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, se señaló que se utilizaron "documentos (por los formularios 08, 04 y 012) con información falsa" y con "firmas adulteradas", durante el trámite de transferencia que Boudou inició diez años después de su adquisición. En consecuencia, encontró al ex vicepresidente "cómplice primario del delito falsedad ideológica de documentos que acredita dominio y titularidad y permiso para circular".

 

El delito conlleva una pena de 3 a 8 años de prisión "es una pena más gravosa que la de la causa Ciccone donde el ex vicepresidente está acusado de cohecho que es de 1 a 6 años", explicó Scandura.

 

La Fiscal determinó que en toda la maniobra denunciada "y completamente acreditada" Seguín tuvo "un rol preponderante, activo y participativo" y que por ende se comprobó que ambos fueron "cómplices primarios" en todo el proceso. En este punto Scandura hizo énfasis en un formulario de transferencia que "no se sabe cómo llegó a manos de Boudou" y concluyó que su ex novia fue "intermediaria y partícipe" de los papeles que manejó el gestor Andrés Soto acusado de utilizar "documentos falsos" en la tramitación del auto.

 

Por ello solicitó de tres años de prisión en suspenso para Boudou, y para su ex novia. La fiscalía consideró que si bien la maniobra investigada se realizó en 2003 cuando el ex vice ya se encontraba frente a la AnSes, no creen que haya querido utilizar su cargo público para cometer el delito que se le atribuye. Por ello, no se solicitó la inhabilitación para ejercer la función pública.

 

Por el contrario, para la titular del Registro del Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Taboada de Piñero a quien se la encontró autora "penalmente responsable del delito de falsedad ideológica" por haber permitido la transferencia e inscripción del vehículo "con documentación apócrifa", se la inhabilitó para ejercer su cargo durante seis años.

 

Algo similar ocurrió para el gestor Andrés Soto, a quien la fiscalía acusó de haber "insertado datos falsos" en la documentación pertinente para realizar la transferencia del vehículo: los formularios 08, 04 y 012. En ellos se consignaron domicilios que declaró el ex vicepresidente?, un motor que no se condecía con el del auto, y la ausencia de otros datos necesarios. Se le pidió tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación por seis años de su profesión.

 

El único que logró la absolución fue el gesto Rodolfo Basimiani, quien realizaba algunas diligencias para Soto pero la Fiscal consideró que no tuvo "ninguna participación en los hechos criminales cometidos".

 

El ex vicepresidente nunca tuvo en su poder el título de propiedad del auto. Cuando al inicio del juicio la fiscal del Tribunal le preguntó por qué no lo había solicitado, sólo respondió: "Creí que con el Formulario 08 era suficiente, pensándolo ahora debe estar en algún registro del automotor". Eso sí, no recordaba qué escribano certificó su firma.

 

El 7 de mayo comenzó el juicio oral contra el ex vicepresidente, su ex pareja Agustina Seguin, María Graciela Taboada de Piñero, Andrés Alberto Soto y Rodolfo Basimiani. Durante la primera audiencia del juicio, negó en varias oportunidades que tanto él como su ex novia hayan "insertado datos falsos" ni haber "participado en la falsificación de documentos públicos".

 

OTRAS CAUSAS

Entre los casos más avanzados contra el ex funcionario está el "caso Ciccone", donde se lo acusa de utilizar la firma The Old Fund para quedarse con la única imprenta privada de billetes del país. La feria se habilitó para el inicio del juicio oral.

 

También con The Old Fund, Boudou, su socio José María Núñez Carmona y el presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, son investigados por tráfico de influencias y una presunta coima por $ 7,8 millones en un supuesto asesoramiento a Formosa.

 

Otra que también podría desembocar en un juicio oral es la que instruye el juez federal Ariel Lijo, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Boudou en el ejercicio de cargos públicos.

 

Boudou, además, afronta una acusación por la compra directa de 19 autos oficiales de alta gama para el Ministerio de Economía y otra por el uso de helicópteros para trasladarse a distintos actos de campaña, lo que podría configurar el delito de dádivas.

 

Se suman otras dos investigaciones, que inició el diputado Claudio Lozano por el supuesto aprovechamiento de información privilegiada durante el canje de la deuda pública de 2010 y por la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses con pérdidas por $ 4.200 millones para el fisco.

 

En el partido de la Costa se inició el peritaje de un plan de viviendas cuando Boudou estaba frente a la Secretaría de Hacienda, que sospecha la Justicia, se pagaron en su totalidad y nunca se concluyeron.

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