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Este lunes 13 la Justicia provincial realizó distintos procedimientos en dependencias de la Municipalidad de Goya (Corrientes). Los allanamientos se realizaron en el edificio central del municipio, ubicado en Colón 608, en el Corralón Municipal por Avenida Sarmiento, en las Oficinas de Asesoría Letrada, en Mariano I. Loza al 30, así como también en domicilios de funcionarios municipales.

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El procedimiento fue realizado por causas judiciales contra la Municipalidad de Goya y están siendo llevadas adelante por el Juzgado de Instrucción N° 3 de esa ciudad correntina, a solicitud del Fiscal Francisco Arrué, quien lleva adelante la investigación.

 

Arrué efectuó el pedido al Juez de turno, Darío Ortiz quien libró las órdenes de diligencias que se efectuaron durante este lunes en distintas dependencias del Municipio. Estos procedimientos corresponden a distintas denuncias que existen contra la actual gestión municipal del kirchnerista, Gerardo Bassi; socio político del senador nacional, Camau Espínola.

 

Los procedimientos se originan por tres denuncias que existen contra la actual gestión municipal, que se retira el 10 de diciembre, luego de haber perdido las elecciones el 8 de octubre.

 

En todos los allanamientos se procedió a secuestrar documentación y equipamientos, que serán incorporados en cada una de las causas que existen contra la gestión Municipal de Gerardo Bassi.

 

Los operativos se realizaron desde muy temprano hasta pasado el mediodía, donde participaron las autoridades judiciales, acompañadas por una fuerte custodia policial. Los procedimientos originaron gran curiosidad en los vecinos.

 

LAS CAUSAS

Una de las causas es por la emisión de cheques por parte del ejecutivo municipal, afectando al presupuesto del año 2018, es decir, comprometiendo a la nueva gestión de Ignacio Osella, quien es el intendente electo.

 

Otra denuncia corresponde al supuesto vaciamiento de bienes de la comuna a propiedades privadas y la tercera causa, que investiga la justicia, por la aplicación del Artículo Nº 224 de la Constitución Provincial y la aplicación de la Carta Orgánica Municipal, que establecen que, ante el procesamiento del Intendente, confirmado en segunda instancia por la Cámara, el Intendente Bassi debe ser suspendido en su cargo al frente del Ejecutivo de la comuna.

 

DECLARACIONES DEL FISCAL ARRUE

El fiscal Francisco Arrué estuvo al frente de los procedimientos en la oficina de tesorería en el edificio municipal, así como en el corralón municipal. Ocurre que la gestión de Gerardo Bassi emitió pagos a plazos por casi dos millones de pesos con vencimiento en marzo de 2018.

 

Posteriormente las actuaciones judiciales continuaron en el corralón municipal lo que incluyó también otras dependencias municipales, así como domicilios particulares de funcionarios municipales.

 

“La Tesorería de la Municipalidad de Goya fue allanada en la mañana de este lunes temprano por una denuncia por la emisión de un cheque por casi 2 millones pesos a pagarse en marzo de 2018, con la nueva gestión municipal”, informó el Fiscal.

 

“Luego, hubo un procedimiento similar en el corralón municipal, ubicado en la avenida Sarmiento del que participé por orden del juez de Instrucción Nº 3, Darío Ortiz”, continuó declarando el fiscal.

 

Se supo, que el fiscal secuestró un expediente de orden de pago a plazos. “Hay un cheque que se emitió por parte del Municipio, contrayendo empréstitos por la suma de 1.960.000 pesos. Se firmó el 2 de junio, a pagarse en marzo de 2018”, informó.

 

La denuncia fue presentada por el intendente electo, Ignacio Osella, que asumirá el 10 de diciembre. “Se inició una causa penal por posibles irregularidades en bienes y erario público. Por este motivo se ordenó un allanamiento, para secuestrar documentación relativa al hecho denunciado”, explicó el fiscal.

 

“Por parte de la fiscalía se están realizando medidas preliminares tendientes a corroborar los hechos denunciados y eventualmente, de acuerdo con los resultados, se proseguirá con las medidas acordes al caso”, como las imputaciones correspondientes, agregó.

 

Entre los elementos secuestrados se encuentra dicho expediente de órdenes de pago a plazos. “Hay un cheque que se emitió por parte del Municipio, y fue a plazos, a 2018, contrayendo empréstitos por la suma de 1.962.000 pesos. Se firmó el 2 de junio, a pagarse en marzo de 2018, aparentemente para un proveedor del Municipio, de materiales de construcción”, informó el fiscal.

 

“Estamos tratando de averiguar los destinos de esos cheques. Para esto estamos realizando las actuaciones preliminares, para determinar cómo fue el procedimiento con esos valores y por qué se hizo de esa forma, cuando ya está terminando el período del intendente actual”, finalizó Arrué.

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