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Desde Buenos Aires, el juez Federal Sergio Torres que lleva adelante la causa Sapucay por narcotráfico, con epicentro en la localidad de Itatí, provincia de Corrientes, ordenó la detención de su par Carlos Soto Dávila, que quedó en libertad porque tiene fueros, y dos de sus secretarios. El operativo lo realizó personal del Escuadrón 51 de Gendarmería.

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Los funcionarios judiciales detenidos son dos de los secretarios del Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau. Asimismo, los abogados apresados en los operativos tienen los apellidos Vallejos, Giménez Serial y Barboza Galeano, todos vinculados a narcos involucrados en el operativo Sapucay, realizado en la localidad de Itatí.

 

Todos los detenidos serán trasladados a Buenos Aires en la jornada de hoy y se prevé que mañana presten declaración ante el juez Torres. En tanto que el juez Soto Dávila no pudo quedar detenido porque tiene fueros. La justicia ya pidió su desafuero.

 

LA CAUSA

Se trata de una causa por la cual ya está detenido desde hace meses y camino a juicio oral el entonces Intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces Vice, Fabio Aquino; y gran cantidad de personas, entre ellos gendarmes, policías federales y provinciales: ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

    

Soto Dávila quedó comprometido a partir que uno de los arrepentidos en el caso confesó que le pagaba grandes sumas de dinero para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron: contra el magistrado se investigan al menos una decena de pago de sobornos a cambio de protección.

    

La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellos vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.

    

Al ser en la actualidad juez, Soto Dávila posee fueros y por ello no puede ser detenido aunque sí indagado, y en función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se proceda a su desafuero.

  

Mientras tanto, el juez Torres procesa información del caso: evalúa un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado,  y la PROCUNAR evalúa unas 180 mil llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.

    

Hace pocos días también fue detenido por orden de Torres, el exintendente de la localidad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone por dar cobertura a los narcos, junto a familiares suyos y otras personas.

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