Así lo señaló la rectora de la UNNE y vicepresidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé, en relación a la postura de las máximas autoridades de las universidades públicas del país, nucleadas en el CIN sobre la situación que se vive en el país vecino. Chile atraviesa una crisis social que ya se cobró una veintena de víctimas fatales y más de medio millar de heridos, a partir de protestas sociales y represiones que llevan una semana.

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“Todos muy preocupados y conmovidos por lo que está pasando en Chile”, aseguró Veiravé en diálogo con Radio UNNE 99.7 mhz, tras su participación en Colombia, del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI) 2019, donde compartió espacio y diálogo con pares chilenos.

 

“Es un momento en que ellos están pensando críticamente sobre qué ha pasado y porqué han llegado a esta situación. Frente a un planteo que muchas veces nosotros escuchamos de un país que tiene políticas de desarrollo económico, una estabilidad económica importante, indicadores a nivel mundial que se valorizan como muy buenas, pero que sin embargo muestra problemas estructurales de desigualdad, inequidad y conflicto social que no ha sido resuelto desde políticas económicas que, al contrario, evidentemente han generado esta estructura de enorme desigualdad que tiene Chile”, analizó.

 

Por ello, en este foro continental del que participó recientemente en Bogotá, “hemos estado conversando también sobre cuál es la responsabilidad que tienen las universidades en contextos como este”, comentó la vicepresidenta del CIN y agregó: “y fortaleciendo la idea de que hay que pensar en políticas de fortalecimiento de nuestras democracias, de justicia social”.

 

En ese marco, “emitimos una declaración de solidaridad desde el CIN, con lo que está pasando en Chile”, dijo en relación al documento con fecha del 23 de octubre pasado, firmado por rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas.

 

Así, desde el CIN se manifiesta la solidaridad “con el hermano pueblo chileno, y suma su voz a la de toda la región para exigir un cese inmediato de las políticas represivas y de violación de derechos humanos así como la urgente recuperación de la paz social en el marco de la democracia y sus instituciones”.

 

Desde el cuerpo comparten la declaración pública de las Universidades Estatales de Chile ante la urgente necesidad de diálogo por la equidad y cohesión social, entendiendo que “las grandes movilizaciones sociales de los últimos días han dejado en evidencia un profundo malestar de la sociedad chilena producto del modelo social, cultural y económico que hemos construido desde hace décadas y que no ha sido capaz de disminuir la desigualdad y promover la cohesión social”.

 

“Y reclamamos, como ellos, propiciar el diálogo, la no violencia y la construcción de un nuevo acuerdo social cuyo horizonte y acciones propendan a retomar la senda de la cohesión y la justicia social en el país hermano”, señala el texto.

 

Las máximas autoridades de las universidades públicas argentinas, entienden que “América Latina toda atraviesa procesos políticos y sociales extremadamente complejos”, por lo cual consideran que “se requiere un nuevo pacto social que garantice la inclusión, rechace la violencia y aporte, con todas las garantías que el Estado de Derecho y la paz democrática otorgan, soluciones pacíficas que hagan posible la construcción de sociedades libres y justas”.

 

“En estos contextos, las universidades públicas, como instituciones plurales y republicanas, ratificamos nuestro compromiso de aportar a las soluciones que permitan reducir las desigualdades y asegurar un desarrollo social más inclusivo, sustentable y justo para nuestros países”, afirman en la declaración que hicieran pública.

 

Lo que pasa en Chile

 

La crisis que Chile vive hace una semana, se disparó tras la decisión del gobierno del presidente Sebastián Piñera de subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente). Los reclamos surgieron de inmediato en diversas formas de protesta que se acentuaron con el correr de los días hasta llegar a marchas, quema y toma de edificios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas armadas que activaron una represión, hoy investigada por Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

El gobierno decretó un estado de emergencia, que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda el fin de semana pasado.

 

Paros y cortes de ruta se sumaron como otras manifestaciones del descontento social que encontró en el aumento del costo del metro, “la gota que rebalsó el vaso”, como se pudo leer en carteles que los manifestantes levantaban en la calle.

 

Una misión de la ONU llegará en tanto a Santiago de Chile, para investigar posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y de seguridad durante las protestas.

 

Por su parte, el más reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizó (hasta la noche de ayer jueves 24 de octubre), 582 heridos, 295 de ellos por armas de fuego, desde el inicio de las protestas, el viernes pasado.

 

 

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