Argentina tiene una doble pandemia en lo que va desde el inicio de las decisiones del Gobierno Nacional de restringir el trabajo, que debió ser considerado esencial y la circulación social, en lo que se denominó Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La sociedad civil encerrada y el kirchnerismo en el gobierno mostrando graves signos de corrupción y desmanejo institucional, económico y social.

[FRASEDESTACADA1]

(por Miguel Matusevich) En ese sentido, se comenzó a investigar a más 40 organismos del Estado por supuestos sobreprecios en las compras por el Coronavirus, todo iniciado tras las irregularidades descubiertas en la adquisición de comida en Desarrollo Social, para “socorrer a los sectores más vulnerables”. La investigación apunta a la AFIP, al Ministerio de Salud Pública de la Nación, y al Pami, entre otros.

 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del Fiscal Nacional Sergio Rodríguez abrió un expediente después de los presuntos sobreprecios en compras que iba a realizar el Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Todo comenzó en el Ministerio de Desarrollo Social que comanda Daniel Arroyo, cuando quedó salpicado por las irregularidades en las compras de comida durante la Pandemia. El 20 de abril la PIA denunció concretamente a esta Cartera por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y eventuales negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de alimentos, que iba a generar una erogación de 547 millones de pesos.

 

La hipótesis de los investigadores era que se iba a aplicar un sobreprecio del 65%, pero además, se remarcó la existencia de un direccionamiento a determinados grupos empresarios que fueron invitados y adjudicados con costos superiores a los informados por la SIGEN y los de mercado.

 

Esta causa, radicada en la Justicia Federal, fue el puntapié inicial para un expediente de mucho mayor envergadura, ya que el fiscal Rodríguez abrió otra investigación sobre otros ministerios, entes descentralizados y diversos organismos del Gobierno que realizaron compras de diversos insumos en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19, amparándose en el primer DNU presidencial, el Nº 260/2020.

 

En él, su artículo segundo, inciso 6, faculta al Ministerio de Salud Pública a “efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la administración nacional”.

 

Pero también se detectaron irregularidades en los procesos de publicación, deficiencias en “el acceso a la información”, por lo que se pidió que la Auditoría General de la Nación (AGN), inicie un informe auditor.

 

Fuentes judiciales a confirmaron posteriormente que la PIA encontró “ineficiencias en los procesos de información pública y transparencia”, al intentar determinar “cuáles fueron las compras directas efectuadas” y concluyó en un exhaustivo informe que “de antemano debe expresarse la dificultad que ha significado el emprendimiento de esta tarea, ante la desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”.

 

Se detallaba en el informe que por ejemplo, en el Boletín Oficial “no fue publicada ninguna compra realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo encontrarse al menos ocho compras (en estado de apertura, evaluación o adjudicadas), en la página Web de “COMPR.AR” y todas fueron efectuadas bajo la modalidad de “contrataciones directas”.

 

UNA LARGA LISTA DE INVESTIGADOS

Pero no quedaron ahí las investigaciones por hechos sospechados de corrupción, en medio de la pandemia y cubiertos por el DNU 260/2020. Al Ministerio de Desarrollo Social,le siguieron pedidos de explicaciones a la AFIP, al INCUCAI, al Instituto Malbrán, a la Universidad de San Martín, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Educación, al de Medio Ambiente, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, todos del Gobierno Nacional

 

Llegaron pedidos de investigación al Ejército Argentino, a la ANAC, a las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación como Gendarmería y PSA, al Hospital Garrahan, al INDEC y al PAMI.

 

Pero también se pidió a la Dirección de Acceso a la Información Pública que intervenga “a raíz de las graves inconsistencias detectadas en materia de transparencia en las compras directas efectuadas por 40 organismos del Estado”.

 

LAS DENUNCIAS DE SOBREPRECIOS RECORREN EL MUNDO

El inicio de la Cuarentena en Argentina, que fuera denominada Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzó el 20 de marzo, cercenando libertades individuales y colectivas, con el pretexto de la pandemia mundial que se desparramaba por cientos de países que tomaban diversas y diferentes medidas, pero casi ninguna de la naturaleza de las impuestas en el país.

 

Y justamente una de las consecuencias más nefastas, comenzó a desenmascararse el 7 de abril, cuando el Gobierno de Alberto Fernández se vio involucrado en el primer escándalo de corrupción con la compra de cientos de toneladas de alimentos a precios muy por encima del mercado.

 

El protagonista de esta inconcebible historia de sobreprecios para “ayudar a las poblaciones más afectadas”, fue el Ministerio de Desarrollo Social, al mando de Daniel Arroyo y 12 funcionarios impuestos por la agrupación kirchnerista “La Cámpora”, manejada por el diputado nacional e hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner.

 

Compras millonarias de fideo, aceite, azúcar y lentejas para abastecer a los comedores sociales y entregar bolsones a personas de escasos recursos, costaban entre un 50 y un 150% más caros que los valores minoristas en el mercado local.

 

El mundo se escandalizaba de estos niveles de corrupción del gobierno de Fernández y desde el diario El País de España, llegaba la información de que se pagaron 158 pesos (1,9 dólares al cambio no oficial de esos días) por 1,7 millones de botellas de aceite que en la góndola del supermercado cuestan 121 y 42 pesos por medio millón de paquetes de fideos, nueve más que el valor comercial de la unidad.

 

El sobreprecio superó el 50% en el caso del azúcar y el 85% en las lentejas, según los detalles de la compra revelados también por el diario La Nación, por lo que el daño para el fisco fue nada menos que de 68 millones de pesos, unos 830.000 dólares al cambio de abril de 2020.

 

Obviamente, se aseguró desde el Gobierno que el daño económico sería subsanado, pero nunca se devolvieron los más de 830.000 pesos de los sobreprecios y se estableció que se fijaría el valor de la licitación de acuerdo a la tabla de precios máximo que rige para los supermercados, cosa que tampoco sucedió.

 

Peor aún, no solo el Presidente Fernández respaldó a su Ministro, sino que cargó contra “la cartelización de sectores que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones”. Entonces “La culpa era del otro”, tal el relato del gobierno populista, pero además, fueron despedidos los funcionarios involucrados y rápidamente fueron reubicados en puestos administrativos, ocultos a la vista de la ciudadanía.

 

El ministro Arroyo llegó a reconocer que, “azúcar y aceite sí estuvieron por encima de los precios fijados. Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí, pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia” y Alberto Fernández lo respaldó y ordenó suspender el pago a los empresarios, cosa que nunca ocurrió.

 

Días después el Presidente aseguró que “Arroyo tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente”, por lo que en realidad, sí se pagaron los abultados precios.

 

Otro rasgo de esta falta de transparencia fue que, de las seis empresas que participaron de la venta, eran en realidad solo dos, ya que comparten direcciones y teléfonos, pese a la variedad de nombres de las sociedades. Si hubo corrupción, dijo Fernández “será perseguida”, pero nunca pasó de esa declamación.

 

36 VUELOS A CHINA, OTRO GRAN NEGOCIADO DE LA PANDEMIA

Las épicas misiones de Aerolíneas Argentinas al gigante asiático fueron parte del “relato gubernamental”, del que el Gobierno se sigue jactando como “históricas, sin embargo, le falta explicar de qué modo se distribuyen lugar por lugar todo lo que arriba desde el otro lado del mundo y peor aún, que es lo que llegó y cuanto salió.

 

China, el país donde se engendró la Pandemia, se convirtió rápidamente en el supermercado sanitario del planeta. Y la Argentina no fue la excepción. Aerolíneas Argentinas envió 36 vuelos de este tipo. Vuelos que fueron anunciados a los gritos, pero finalmente se hicieron de manera muy silenciosa.

 

El resultado por ahora es solo visual; los hospitales de la Provincia de Buenos Aires están repletos de cajas escritas en Mandarín, pero permanecen cerradas y nadie sabe a ciencia cierta qué contienen.

 

Se habla de que el material importado supera las 600 toneladas, pero el Gobierno sigue sin hacer un detalle pormenorizado de cada elemento y de la manera en que fue distribuido por el sistema de salud argentino. Tampoco se sabe cuánto costó, ni siquiera hay trazabilidad del material traído al país en emergencia.

 

Por ejemplo, un documento del Ministerio de Salud al que accedió Clarín, da cuenta de que a la Argentina llegaron 3 millones de barbijos quirúrgicos pagados US$1.620.000; 300 mil overoles de protección médica hidrorepelente que costaron US$6.660.000; 20.000 overoles de protección comunes por US$238.200; 1.800.000 Barbijos triple pliegue (quirúrgicos) por US$660.000; 200 mil máscaras protectoras por US$400 mil; 625 mil barbijos quirúrgicos por US$300 mil; otro lote de 12.500 overoles de protección por US$273.500; 625 mil barbijos N.95 que costaron US$1.550.000; un lote de 12.500 antiparras a un costo total de US$47.250; y 1.250.000 pares de guantes de látex por un valor de US$225.000.

 

Sin embargo, el relato sostenía y sostiene que fueron donaciones, pero los lotes corresponden a compras de contratación directa. También aseguran que llegaron una cantidad no determinada de kits de testeos PCR y serológicos.

 

A mediados de junio se denunció que se desconoce el destino de 10 respiradores donados por la empresa china Ali Baba a la Argentina. Sin explicación de parte del Gobierno, solo se sabe que esas máquinas, vale decir, no fueron traídas al país en el marco de las misiones programadas de Aerolíneas, sino en los días previos.

 

La diputada Graciela Ocaña, titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, impulsó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud presente el detalle de todos los tests que ha recibido el Ministerio de Salud a través de compras o donaciones. Pero ni el ministro de Salud, Ginés González García, ni el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hablaron.

 

Finalmente se describe que el pedido original de la Argentina fue de 1500 respiradores artificiales, pero tres meses después, solo ingresaron estos diez respiradores BiPap, que, de acuerdo con las autoridades locales no están autorizadas para tratar pacientes con Covid-19.

Así, estos respiradores, como lo ocurrido con los 170.000 test rápidos chinos defectuosos que donó la empresa argentina Petroquímica Cuyo, podrían ser los ejemplos más claros de esa “ayuda épica” del gigante asiático hacia el país del Alberto y Cristina Fernández.

 

CORRUPCIÓN PANDÉMICA

Lo cierto es que Argentina sufre una doble crisis a raíz de la pandemia del Covid-19, sumada a la altísima cantidad de casos positivos, que ya superaron holgadamente a los países europeos y a los miles de muertos, que a esta altura de la situación superan los 20.000, teniendo en cuenta además, los errores a la hora de la carga de fallecidos en la provincia de Buenos Aires.

 

Esa corrupción, tal como en el gobierno de Cristina Fernández se llevó cientos de muertos por desnutrición, por el accidente de la Estación Once, o por la inundación en la ciudad de La Plata, que nunca se supo exactamente cuántos fueron, sigue matando y se sigue llevando víctimas inocentes por negligencia, improvisación y malversación de fondos.

 

Argentina, para muchos estudios mundiales, lidera el ranking de corrupción. ¿Liderará también el ranking de afectados por la Pandemia? En la caída de la economía, ya lo hace.

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