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En la noche del jueves 10 de julio, en Tilcara (Jujuy), numerosos manifestantes organizados en contra de la mega minería a cielo abierto, protestaron contra un proyecto de una mina de uranio que pretende instalarse en la zona. Todo comenzó con una marcha en la que participaron el movimiento Tupaj Katari, escuelas primarias, la CCC local, el Movimiento Campesino de Jujuy y la Corriente del Pueblo, además de numerosos pobladores autoconvocados.
Al calor de la manifestación la Jueza de Minas de Jujuy Cristina Lucas de Durruty, el secretario de cultura de la provincia Jorge Noceti y otras personas de la Comisión de Minería se refugiaron en la comisaría local, quedando prácticamente sitiados por los manifestantes, que exigían un pronunciamiento contra la minería metalífera en general y del uranio en particular por parte de los funcionarios y concejales. Fue redactado entonces un documento expresando la oposición a la minería contaminante y la negación de la comunidad de aceptar el cateo, que le fue llevado (ante su negativa a salir) a la jueza, quien lo firmó dentro de la comisaría de Tilcara. El director de minería de Jujuy, Martín Sánchez, respalda el pedido exploratorio de la empresa canadiense Uranio del Sur, relevamientos que la minera desarrolla por toda la Quebrada de Humahuaca. Los yacimientos de uranio que aparecen en El Amarillo, entre la localidad de Juella y la Quebrada de Yacoraite, en la Colonia San José, resultaron de importancia para la transnacional minera, pero los tilcareños ya se manifestaron en asamblea, rodearon la municipalidad y la comisaría y marcharán contra la gobernación en la capital jujeña. A horas de estos sucesos, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Nº 013/08 a través de la cual impide la explotación minera en el ejido municipal y zonas de influencia. El intendente Félix Pérez esperó el pronunciamiento del deliberativo aunque ya había declarado su oposición a la explotación minera. La Ordenanza prohíbe en la jurisdicción municipal y áreas de influencia la radicación de explotaciones metalíferas a cielo abierto y/o que utilicen sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos o no, especialmente las referidas al uranio, prohibiendo, además, dentro del radio municipal y zonas de dominio, el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, elaboración, producción, extracción y/o transporte de sustancias tóxicas destinadas a las actividades detalladas. Prevé también disponer -en términos de la Ley Nacional Nº 25.675 y la Nº 5.063- el procedimiento de consulta, audiencia pública o referéndum como instancia obligatoria previa para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos sobre el medio ambiente. Y encomienda al Ejecutivo municipal la concertación de un acuerdo dentro del ámbito la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, sobre el control del medio ambiente en los departamentos involucrados bajo los principios consagrados por la Ley Nacional 25.675 con especial atención de cooperación, precautorio y de equidad intergeneracional. La fundamentación de la Ordenanza considera que como la ciudad fue declarada Municipalidad Indígena por Ordenanza Nº 45/05, por lo tanto reconoce de aplicación los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT especialmente lo dispuesto en el artículo 7 específicamente en su inciso 1): “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. Centros vecinales, comunidades, la CCC y demás vecinos se autoconvocaron en el edificio legislativo para seguir de cerca la sesión y respaldar y exigir a la vez su aprobación. Los ediles radicales y justicialistas acordaron también hacer saber al Gobierno provincial, la Secretaría de Turismo y Cultura, al Ministerio de Producción, a la Cámara de Diputados y demás organismos de su existencia, en una campaña de difusión. http://movidaambientaltermas.blogspot.com/ o http://argentinacontaminada.blogspot.com/
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