(www.perfil.com) La denuncia, que también afecta a los demás funcionarios públicos que fueron designados para ocupar cargos jerárquicos en petrolera tras su intervención, se basa en la violación de la ley 25.188 de ética en la función pública y el Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99), entre otras normas, informaron en un comunicado.

Según los firmantes, las personas denunciadas no podían ser designadas en cargos jerárquicos en YPF, que seguirá siendo una empresa privada, debido a las específicas competencias vinculadas con la energía, los hidrocarburos y los combustibles que tienen a su cargo como funcionarios públicos.

“Esta incompatibilidad tiene como consecuencia la nulidad absoluta de los actos y decisiones que tomen los funcionarios de YPF”, destaca el comunicado. Y agrega que por esa razón “solicitaron al Poder Ejecutivo que tome las medidas que correspondan, en el ámbito de sus competencias y deberes, para subsanar esta situación”.

La denuncia fue formulada por los diputados del PRO Pablo Tonelli, Federico Pinedo, Paula Bertol, Laura Alonso y Julián Obiglio; Patricia Bullrich de Unión por Todos y Eduardo Amadeo del Frente Peronista.