Según la información del diario de tirada nacional, el fiscal federal Jorge Di Lello impulsó una investigación penal del vicepresidente Amado Boudou por presunto "enriquecimiento ilícito" durante su gestión como ministro de Economía de la Nación.

El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue entregado al juez federal Ariel Lijo, que también tramita otros dos expedientes vinculados a Boudou: por el caso de la ex Ciccone Calcográfica y una derivación de éste, el llamado "Righi-Gabbi".

El dictamen de Di Lello, que propuso diversas medidas y coloca a Boudou en situación de imputado, también pide investigar a su novia, la periodista de televisión Agustina Kampfer y a los empresarios José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente y Alejandro Vandenbroele, supuesto titular de la nueva Ciccone Calcográfica.

Es de recordar que Núñez Carmona y Vandenbroele están siendo investigados con Boudou en la causa de la ex Ciccone.

El fiscal pidió investigar la participación de Boudou y del resto de los acusados como integrantes o accionistas de 13 sociedades anónimas, entre ellas la Compañía de Valores Sudamericana SA, como se llama la nueva Ciccone; The Old Fund, la empresa de Vandenbroele que levantó la quiebra de la imprenta, y London Supply SA, compañía que aportó 1.800.000 de dólares para recuperarla.

La denuncia original fue radicada por Christian Sanz, director del portal digital Tribuna de Periodistas y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, habituado a realizar este tipo de presentaciones ante la Justicia. Y dio origen a la causa 1999/2000.

El fiscal Di Lello impulsó la investigación a pesar de que los denunciantes no ratificaron sus acusaciones y los citó a declarar como testigos.

"Se verificó la existencia de numerosas y mediatizadas causas en trámite, más de 10 con contenido patrimonial en contra de los denunciantes cuya trascendencia institucional obligan al suscripto a impulsar la investigación", sostuvo Di Lello.

Boudou tuvo 49 causas abiertas en la Justicia federal, de las cuales más de 30 fueron cerradas, y es investigado en otras 10 por contenido patrimonial como defraudación o incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero es la primera vez que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Con el impulso de la causa, Di Lello también dispuso que los imputados tomen conocimiento de la causa "a fin de preservar debidamente su derecho de defensa y el contralor efectivo del debido proceso".

Los denunciantes ponían la lupa sobre las empresas Compañía de Valores Sudamericana, Ciccone Calcográfica y London Supply, y sobre "las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou.

El escrito vinculó al vicepresidente con "la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar".

También mencionó "su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción" y la "sugestiva locación 'simulada' del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero".

Todo ello, "amén de contar con suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década", según la denuncia.

"La justicia debe cruzar la información de las personas y empresas antes aludidas", propusieron, e incluyeron otra lista de particulares y empresas de Mar del Plata que -según la denuncia- son "cercanas al Señor Vicepresidente".

Ahora el fiscal Di Lello pidió a Lijo que impulse la causa "contra las personas y empresas mencionadas" en la denuncia y que verifique si "podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de las sociedades" aludidas.

También solicitó al magistrado que se ordenen pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las declaraciones juradas patrimoniales de los denunciados y resúmenes de movimientos de cuentas bancarias.

Además, dispuso que se tomen las medidas de investigación para casos de corrupción de funcionarios públicos que fijó el ex Procurador General de la Nación Esteban Righi.

Di Lello y Lijo no solo investigan a Boudou por presunto enriquecimiento ilícito sino que tienen la denuncia que el vicepresidente hizo contra Righi por presunto tráfico de influencias de su estudio de abogados, y Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio, por presunto intento de coima.

El fiscal, que tiene delegada esa causa, trabaja en las primeras medidas de prueba para avanzar.

Además, en la causa contra Boudou por la ex Ciccone, Lijo tiene que resolver si aparta del expediente al fiscal Carlos Rívolo, recusado por Núñez Carmona, por presunta parcialidad.

Si eso ocurre, Lijo tramita la causa con un nuevo fiscal: Di Lello.