AHORA SOCIOS. LITIGIO POR LA ISLA
MEZA DEJÓ A LOS PROPIETARIOS EN "VEREMOS"
Por ese motivo ambos Espínola quedaron procesados a través de un fallo del juez Juan Manuel Segovia del Juzgado de Instrucción Nº 2 "como autores materiales por los ilícitos de "usurpación, clandestinidad con violencia e intimidación, turbación de la posesión y desobediencia".
El magistrado resolvió además en esa oportunidad, la prisión preventiva del padre del deportista, "que se haría efectiva en la Unidad 6 de Procesados de la localidad de Riachuelo"; pero sin embargo no se ordenó la detención de "Camau", porque está gozando del beneficio de eximición de prisión, que le fuera concedida con antelación.
Los dos hombres fueron denunciados por los delitos ya mencionados hace aproximadamente dos años por Eduardo Adance y su familia, quienes residían en la isla Meza desde hacía más de 73 años.
EL RELATO DE AQUELLOS TIEMPOS
"De un día para el otro vinieron a la Isla con actitudes patoteriles un grupo de personas diciendo que venían a instalarse en la zona Oeste por orden de “Camau” Espínola, explicó en ese momento al Diario El Libertador Mirta Leonarda Adance, cuya abogada patrocinante es la actual Presidente mandato vencido del Centro de Jubilados de Corrientes, María de las Mercedes Solís de Zambrano.
“Mi madre, mi hermano y una
hermana discapacitada fueron intimidados para desalojar un terreno que nos
pertenece, vinieron con armas largas y con personal contratado que los
aterrorizaron para que en estos años la familia abandonara las
Es así que por aquel entonces, la Justicia ordenó también el desalojo de los "usurpadores”, pero la Comisaría 9ª urbana, a cargo del Ministro de Gobierno de Arturo Colombi, el justicialista Walter Insaurralde si bien actuó, no lo hizo a tiempo y no pudo cumplir con lo ordenado por el juez.
“Este muchacho está buscando impunidad y para eso le vino muy bien su candidatura como intendente”, dijo la representante legal del terreno en litigio María de las Mercedes Solís de Zambrano, quien casualmente ahora es socia del propio “Camau” y de su secretario general Pedro Lugo, para entablar demandas “inservibles contra el IPS”.
Sin embargo Zambrano en ese momento recordó que “Camau” no sólo cometió el delito de usurpación, sino que también “desobedeció reiteradas órdenes judiciales de desalojo”, por lo que se realizó la denuncia penal que podría desembocar en un juicio., cosa que hasta ahora no ocurrió “Él entró por la fuerza en un inmueble que está en litigio, tiene los papeles de propiedad pero adquirió sólo los derechos de una parte, por lo tanto no tiene validez”, explicó la abogada jubilada por invalidez en un 90 por ciento.
También aclaró que ella se encarga del litigio entre las diferentes partes que tienen derechos sobre el terreno y que la causa penal por la usurpación de Espínola está a cargo de Miguel Alegre. Lo cierto es que en ese momento el proceso por usurpación se inició en el Juzgado de Instrucción Nº 3, se ordenó el desalojo y se debió sacar a la gente por la fuerza pública. Los abogados de “Camau” apelaron el primer fallo y la Cámara Criminal Nº 2 confirmó el auto de procesamiento, por lo que se volvió a presentar un recurso extraordinario.
“No creo que esta nueva medida
vaya a prosperar, esta es una estrategia para ganar tiempo, pero la cuestión se
va a resolver en un juicio oral que se iniciaría a fin de año o a principios de
SEGUNDA USURPACIÓN
Los propios vecinos también
acusaron a Sonia López, la diputada provincial comunista, kirchnerista,
cristinista y camaucista de haber estado en el lugar llevando asistencia a los
okupas. Son más de 300 las familias que coparon los terrenos. La usurpación de
la Isla Meza, que le valió un procesamiento con prisión preventiva, es el peor
antecedente para Camau y su padre.
El 22 de junio del 2006 y ya con
la fría sensación de empezar el retiro de la actividad deportiva amateur con
financiamiento estatal, el remero debió pensar en alternativas para la
subsistencia.
Camau nunca creyó que la política
lo salvaría de seguir siendo uno más del montón en términos económicos. La
empresa de su padre estaba en quiebra y sus medallas solamente tenían el peso
del honor. Con eso no se comía.
Un título de propiedad trucho de
la familia de Hortensio Quijano traído desde la Capital Federal sirvió al
agrimensor Julián Abad, hoy funcionario municipal, para que bajo las ordenes de
don Jorge Ulises Catalino Espínola de 65 años (en aquel momento) y de Carlos
Mauricio Espínola alias Camau de 35 años, "mensure el terreno que
históricamente perteneció a Eduardo Adance en la añeja Isla Meza, frente al
también famoso Perichón.
Los dos terminaron procesados y
con prisión preventiva acusados de usurpación, clandestinidad con violencia e
intimidación, turbación de la posesión y desobediencia.
El 2 de mayo del año 2008 bajo el
expediente 69.008, para el Juez de Instrucción número II Juan Manuel Segovia,
don Jorge Ulises Catalino Espínola y para su progenitor Carlos Mauricio
Espínola alias Camau, debieron quedar detenidos en la Unidad de Procesados
número 6 de la localidad de Riachuelo. Aunque al medallista le concedió en ese
entonces el beneficio de la eximición de prisión.
La ocupación ilegal de terrenos
en el barrio Pirayuí que se produjo durante el fin de semana, amenaza con tener
derivaciones sorprendentes. La Justicia ya tomó cartas en el asunto tras la
denuncia de las empresas propietarias de los terrenos, una de ellas
curiosamente en conflicto con la comuna correntina, pero los usurpadores se
aferran a una promesa que recibieron de quienes los llevaron al lugar y los
están asistiendo por estas horas: “Va a venir Camau (por el intendente de la
Capital Carlos Mauricio Espínola) y les va a solucionar el problema”.
LOS APOYOS EXTERNOS A LOS OKUPAS SALTAN A LA VISTA
Un Chevrolet Corsa blanco,
propiedad de una persona de apellido Arreseigor, domiciliada en San Martín al
1600 de Corrientes, y a cuyo nombre figuran varios vehículos Fiat Uno, fue el
que trajo al lugar a algunas de las familias que se instalaron precariamente en
carpas y que recibieron de parte de quien manejaba este vehículo, elementos
para su permanencia en el lugar.
Cuando los vecinos del barrio
comenzaron a movilizarse y a reunirse frente a uno de los terrenos ocupados,
fueron fotografiados y filmados desde un Ford K de vidrios polarizados, que
figura a nombre de una persona que se domicilia en la provincia de Córdoba, y
quien dio autorización de manejo a un hombre de nacionalidad paraguaya con
domicilio en la calle Nicaragua, de Corrientes.
Las empresas que dicen ser
propietarias de los terrenos, y que ya iniciaron acciones legales para lograr
el desalojo, son Urbano Bienes Raíces y Guaraní, la primera en conflicto con la
Municipalidad de Corrientes por esos terrenos que pretende lotear desde hace un
tiempo.
Los asentamientos precarios hasta
la tarde de ayer eran tres: el primero en inmediaciones del Puente Negro, el
segundo en la continuación de la calle Olmedo y el tercero frente al barrio
Pirayuí. Pero los vecinos de la zona señalan numerosos terrenos más como
usurpados no siempre por gente de escasos recursos, ya que en algunos casos
llegan en autos o camionetas al lugar, lo que denota una posición económica
alejada de la pobreza.
Los habitantes del lugar, están convencidos de que “se trata de una estrategia política, aunque no sabemos con qué intenciones. Porque vienen organizados, en vehículos, con herramientas”.
